La Fiscalía de Barcelona pide 3 años y seis meses de prisión para dos ganaderos acusados de haber vertido 45.000 litros de purines en una zona boscosa situada en L’Esquirol (Osona), cerca de la explotación que tenían y a la que también responsabiliza. Según se detalla en el escrito de la fiscalía, el órgano judicial ve en los hechos un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la ley de aguas y contra dos directivas europeas.
Además, también solicita una multa de 9.000 euros y dos años de inhabilitación para poder ejercer como ganaderos. Como responsabilidad civil, la fiscalía también pide que los acusados se hagan cargo de los costes de restauración de la zona afectada por el vertido de purines.
El fiscal considera probado que los dos acusados, padre e hijo, «actuando de común acuerdo» y en ejecución de un plan preconcebido, eran «plenamente conscientes de los riesgos para el medio ambiente». Por tanto, sabían que no tenían autorización y que estaban cometiendo supuestamente una infracción de la normativa medioambiental.
En el escrito de acusación también se detalla cómo los Agentes Rurales, una vez se enteraron de los hechos, tomaron muestras de la zona donde se había realizado el vertido, también del agua de la riera y de zonas no afectadas para poder comparar. Basándose en los resultados obtenidos, la fiscalía constata que los lugares donde se depositaron los purines quedaron afectados «con concentraciones muy elevadas de nitrógeno orgánico» y nitratos, entre otros. Destaca que el principal riesgo del vertido es la contaminación de los acuíferos. Por todo ello, solicita la apertura de juicio oral al juzgado penal.
Por su parte, el Ayuntamiento de l’Esquirol se ha personado como acusación particular contra los supuestos autores del vertido. Este abril presentaron un escrito al juzgado de instrucción número 6 de Vic. En un comunicado, el consistorio recordaba que el municipio está incluido en una zona vulnerable por contaminación de nitratos y que los hechos descritos representan un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Por eso, el consistorio ha pedido penas de 3 años y 6 meses de prisión, la inhabilitación para el ejercicio de profesiones ganaderas durante 2 años y una multa de 9.000 euros. Asimismo, para la empresa de los ganaderos también solicita una multa de 14.400 euros como persona jurídica y que los acusados se hagan cargo de los costes de restauración de la zona afectada por el vertido.
