Artur Mas no es la única figura del más alto nivel del Gobierno de la Generalitat señalada por el empresario José Antonio Salguero, uno de los testigos del caso Adigsa. Salguero, que ha reconocido que pagó dinero a Convergència a cambio de concesiones de obra pública, declaró que Mas estaba al tanto del chantaje que dice haber sufrido. Asegura que, cuando quiso cobrar por unos trabajos de remodelación, representantes del Gobierno catalán le dijeron que tenía que inflar un 20% sus facturas, y que Mas, entonces primer consejero (2003), le respondió al email con que fue informado de la situación que se dirigiera a su jefa de prensa y a Ferran Falcó, presidente de Adigsa.
Según publica El Confidencial, el empresario también contactó con Felip Puig, entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, así como familiar de José María Penín, empleado de Adigsa que ofreció a Salguero las obras de rehabilitación y le trasladó las condiciones de facturación. Este testigo asegura que no quería facturar de la manera indicada por Penín, quién le dijo, según la versión del empresario, que esta era la manera de hacerlo y que no había alternativa, además de recordarle que el consejero Puig era familiar suyo.
La misma información, que incluye los documentos de la declaración de Salguero, revela que el empresario explica que pudo contactar con Felip Puig para explicarle que estaba sufriendo un chantaje y que el consejero sólo se interesó por cómo pensaba efectuar el pago indicado por Penín.
