«Hoy corrupCiU planta una tremenda bofetada al proceso de independencia, un proceso que tendría que ser impecable», ha expresado en Twitter la CUP sobre la última operación contra el 3%, en cuyo marco la Guardia Civil ha efectuado más de una veintena de registros y ha arrestado al ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives, al dirigente de Convergència Francesc Sànchez, al director general de Fira de Barcelona y ex gerente del consistorio durante la etapa de Xavier Trias, Constantí Serrallonga, y al presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra. La alusión a la bofeteda no parece casual, después de la controversia generada porque Endavant-OSAN, colectivo integrante de la CUP, ha promocionado una manifestación en defensa de la sanidad pública con un cartel donde se ve al consejero Toni Comín recibiendo una bofetada.
A pesar de referirse a la presunción de inocencia de Vives, la regidora cupaire María José Lecha ha señalado directamente al partido predecesor del PDEcat por el efecto que la formación anticapitalista entiende que tienen en el proceso los asuntos de presunta corrupción por los que se señala al ex teniente de alcalde de Trias. Sobre las obras de la plaza de las Glòries, cuya adjudicación se encuentra bajo la lupa en los registros de esta mañana, Lecha ha destacado que pidieron una auditoría técnico-administrativa por los sobrecostes y los retrasos detectados, y que el Gobierno de Ada Colau se ha puesto manos a la obra. Asimismo, ha dicho de Vivas que «su sombra es muy alargada» y ha recordado la investigación sobre Barcelona Regional.
Relato convergente
En cambio, en la línea de otras reacciones de Convergència tras registros y detenciones por supuestos casos de corrupción que salpican al partido, varias voces del PDEcat han cuestionado la operación de este miércoles. El ex alcalde Xavier Trias ha atribuido una clara intencionalidad política a lo que ha descrito como una operación mediática, durante una breve comparecencia ante los medios en la que no ha aceptado preguntas. Citando el precedente de varias informaciones periodísticas que le atribuían cuentas en Suiza, Trias ha descrito «lo que nos pasa cada vez» como un episodio propio de una «democracia de bajo nivel».
Todavía más explícito ha sido el histórico de Convergència Jacint Borràs, que ha etiquetado las detenciones de empresarios y de destacadas figuras convergentes de este jueves como una operación política programada y vinculada con el juicio por el 9N: como una supuesta guerra sucia contra el proceso.
En términos parecidos, el abogado de Vivas ha vinculado la operación contra el 3% con el juicio por el 9N, que empieza el lunes. El letrado Rafael Entrena, que también defiende a la ex vicepresidenta Joana Ortega, ha destacado que «tendría que estar preparando otro juicio», y ha añadido que «esto no es nuevo y cada vez creo menos en casualidades».
Una de las encausadas por la organización del 9N, la ex consejera de Educación Irene Rigau, ha expresado que detecta «una coincidencia en los patrones de conducta», a pesar de que «se tendrá que ver el contenido», refiriéndose a los registros de la sede de CDC que coincidieron con la presentación de la candidatura de Junts pel Sí de cara a las elecciones del 27-S de 2015.
