La administración del tiempo y las previsiones del calendario son básicas en política, que tiene en la prospectiva una de las herramientas fundamentales para definir las estrategias a medio/largo plazo y las tácticas de cada momento. No podemos entender el presente si no lo enmarcamos en el terreno de los futuribles, que es la dimensión donde juegan los políticos, bien para conservar el poder durante el máximo posible, bien para conseguirlo. Es por eso que los videntes, los astrólogos y los adivinos tienen a los políticos entre su clientela más fiel y asidua.
Pero no hay que tener una bola de cristal ni tirar las cartas para averiguar qué pasará este 2017 en la vida política catalana. Sólo hay que tener a mano la agenda judicial, que en esta ocasión condiciona y condicionará como nunca las coordenadas por donde fluctúa la opinión pública y, en consecuencia, las tendencias de voto. Después de una larguísima y, a menudo, exasperante instrucción, tres grandes casos de corrupción que han tenido por escenario Cataluña llegan finalmente a juicio este año 2017.
A partir del 1 de marzo, empieza la vista oral por el saqueo del Palau de la Música, protagonizado, principalmente, por Fèlix Millet y Jordi Montull, que afrontan fuertes penas de prisión por parte del fiscal y de las acusaciones particulares. En este procedimiento también está imputado Daniel Osàcar, el ex-tesorero de Convergència y hombre de la máxima confianza de Artur Mas. Uno de los aspectos cruciales que tendrán que dilucidar los magistrados de la sala 10 de la Audiencia de Barcelona es si esta institución musical sirvió de tapadera para canalizar las comisiones de la obra pública, principalmente de la empresa madrileña Ferrovial, hacia el partido pujolista, a través de la Fundación Trias Fargas (CatDem). Está previsto que el juicio se prolongue hasta finales de junio.
El día 7 de marzo empezará en la Audiencia Nacional de Madrid el juicio del caso Pretoria de corrupción urbanística, en el cual hay imputados once políticos y empresarios, exponentes de la llamada sociovergencia. Dos íntimos colaboradores del ex-presidente Jordi Pujol -el ex-consejero Macià Alavedra y el ex-secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta– se sentarán en el banquillo de los acusados, junto con el ex-diputado socialista Luigi Garcia y el ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. También será juzgado Philip MacMahan Bolich, el ex-responsable de la división internacional de Banca Catalana y, posteriormente, el hombre que movía el dinero de destacados pujolistas en Andorra y en otros paraísos fiscales.
Finalmente, y aunque no tiene fecha concreta de celebración, también está previsto que este 2017 se celebre el juicio por el caso de las ITV, en el cual Oriol Pujol, el hijo del ex-presidente, afronta una petición de pena de cinco años de prisión. Como es obvio, durante el largo período que duren las sesiones de interrogatorios y conclusiones, los medios de comunicación fijarán su atención informativa en la vista oral de estos tres explosivos sumarios.
Estos tres juicios vendrán precedidos por otro plato fuerte: la vista oral de la causa del 9-N, que entre el 6 y el 9 de febrero sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ex-presidente Artur Mas y a las ex-consejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Se juegan una pena de inhabilitación de hasta 10 años. Una «caricia», en comparación con las fuertes condenas de prisión que se piden en los otros procedimientos sumariales.
El ruido mediático que provocará todo ello será ensordecedor. Esto lo saben y lo han analizado los cerebros del procesismo convergente. Para hacer frente a este alud de rocas que les caerá encima a partir de marzo, nada mejor que subir el volumen a todo trapo con el «referéndum o referéndum» e intentar una aceleración máxima de los acontecimientos para crear una sensación de máxima tensión y caos en Cataluña. Desde la perspectiva de Convergència -ahora PDECat-, el 2017 es su annus horribilis en el cual se airearán las cloacas del régimen pujolista.
Por eso, la misión prioritaria que tiene encomendada el presidente Carles Puigdemont es mantener el poder a cualquier precio, aunque esto implique hacer todo tipo de concesiones a la CUP. «Salvar» la Generalitat para el PDECat, aunque sea bajo el paraguas de Junts x Sí, quiere decir controlar partidas muy significativas del presupuesto y, por tanto, tener el grifo de las subvenciones y emplearlo para ejercer la capacidad de influencia sobre los medios de comunicación, públicos y privados, para dirigir el mensaje.
El escenario más terrible para el neopujolismo sería la coincidencia de los grandes procesos judiciales de corrupción con una convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, provocada, por ejemplo, por la negativa de la CUP a aprobar definitivamente los Presupuestos. El cataclismo electoral del PDECat se anuncia definitivo. La paradoja es sangrienta y la trampa, mortal: ¿ayudarán la CUP y ERC a mantener a los herederos de la vieja Convergencia en el poder para «protegerla» de los escándalos que han protagonizado en el pasado algunos de sus miembros más prominentes?
¿Es la independencia la gran cortina de humo activada desde el actual PDECat para intentar salvar al soldado Millet y evitar que cante y descubra todo el pastel? ¿Son conscientes Oriol Junqueras y los cupaires que haciendo seguidismo del ritmo y de la estrategia que les marca el presidente Carles Puigdemont se están convirtiendo en cómplices objetivos y necesarios del encubrimiento de los «marrones» pujolistas? ¿Hay que sacrificar la convivencia de la sociedad catalana para que una estructura mafiosa reste impune a la acción de la justicia? ¿La idealizada República Catalana tiene que nacer de las cloacas de la corrupción? Pregunto.
