Guerra de ordenadores entre la Generalitat y el TSJC

El Gobierno catalán justifica que compró los 7.000 portátiles usados el 9N por necesidades escolares
andreu marti
andreu marti

La Generalitat de Cataluña asegura que compró los 7.000 ordenadores portátiles que se usaron durante la jornada de la consulta del 9N en las mesas del proceso participativo, por «necesidades previas y recurrentes» del departamento de Educación, según Catalunya Plural. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera, al contrario, que la compra se hizo para poder gestionar los datos de la consulta independentista, y que después el gobierno catalán dio un nuevo servicio a los terminales, enviándolos a centros escolares en febrero de 2015.

El TSJC ve que hay evidencias que el Gobierno catalán se gastó los 2,8 millones de euros que costaron los ordenadores, para cubrir las necesidades informáticas el 9N, y que después lo camufló con una necesidad de Eduación. El tribunal ve como demasiado coincidente que la Generalitat comprara 7.000 ordenadores portátiles para escuelas, pero que previamente, el 9N, fueran repartidos en las 6.695 mesas de votación del 9-N, y que el resto se instalaran en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat CTTI, cosa que para el TSJC «parece, pues, evidente la correlación entre el número y tipo de ordenadores y el número de mesas y puntos de votación».

De hecho, se da la circunstancia que el Gobierno catalán encargó el 23 de octubre de 2014 los ordenadores portátiles, que serían después usados a la consulta del 9N. Unos terminales que la empresa Telefónica entregó entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Después, los portátiles quedaron almacenados a la espera que se los instalara los programas necesarios para poder usarlos durante el 9N. La compra de los ordenadores hecha por el gobierno catalán, fue previa a la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, cosa por la cual que no se puede deducir una malversación de fondos públicos por parte de los responsables políticos de la convocatoria del 9N, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, que sí que están imputados por desobediencia y prevaricación.

El gasto por la compra de los 7.000 portátiles representa el 59% del dinero público que costó a la Generalitat la celebración del 9N, que en total subió a los 4,71 millones de euros. El otro gasto importante fueron los 806.403,52 euros pagados para publicidad a Media Planning Group, participado por la familia Rodés, y los 21.767 euros que recibió la productora Imagina, en la que participa el grupo Mediapro, de Jaume Roures.

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