España y Cataluña se encuentran en el nivel 4 de alerta antiterrorista (el máximo es 5, que prevé la intervención del ejército) ante la certeza de que es un objetivo prioritario de las células jihadistes infiltradas en la Unión Europea para cometer atentados. La reivindicación territorial de al-Andalus, antigua zona de dominación musulmana de la península Ibérica, forma parte del discurso del Estado Islámico (EI) y es, por lo tanto, un escenario idóneo para que sufra ataques terroristas indiscriminados.
La masacre de los trenes de cercanías de Madrid del 11 de marzo del año 2004, que provocó la muerte de 192 personas, resta grabada a fuego en la memoria de los cuerpos policiales españoles y no se descarta, en absoluto, un nuevo atentado en cualquier momento. Además, al ser un destino turístico de primera, las repercusiones de un ataque terrorista en España tendrían el efecto intimidatorio buscado, cómo ha pasado este verano en Turquía o Túnez.
«DESMOTIVACIÓN»
Contrasta esta situación de máxima alerta antiterrorista -ratificada después de los últimos atentados de Niza y Bruselas- con las quejas que formulan los principales sindicatos de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional en Cataluña por la alarmante carencia de efectivos que sufren y que comporta la desatención de servicios básicos que afectan la seguridad pública. El consejero Jordi Jané y el ministro en funciones del Interior, Jorge Fernández Díaz, a pesar de estar en las antípodas políticas, comparten la animadversión de sus tropas, que se ven desbordadas por los requerimientos que exige la declaración del nivel 4.
Imma Viudes, la portavoz del sindicato SAP-UGT, el más importante de los Mossos, afirma que la actual plantilla de la policía catalana -formada por unos 16.800 efectivos- le faltan 1.500 plazas para ser plenamente operativa. Debido a la precariedad de las finanzas de la Generalitat, desde hace cuatro años no salen nuevas promociones del Instituto de Seguridad Pública de Mollet. Además, ni siquiera se cubren las bajas por jubilación de los agentes. La anunciada promoción de 400 nuevos mossos ha quedado aplazada sine die con la excusa de que la CUP ha saboteado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el 2016.
Según denuncia SAP-UGT, hay comisarías del distrito de Barcelona y de ciudades del Maresme y del Vallès Oriental que sólo disponen de una patrulla operativa. Y en villas como l’Ametlla de Mar o Móra d’Ebre hay un único agente por turno. La crónica carencia de material policial en buen estado, la aparición de ratas o pulgas en comisarías y los agravios salariales -los mozos todavía no han cobrado las pagas de los años 2013 y 2014- provocan indignación y desmotivación.
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