Mutua Universal busca urgentemente la manera de obtener recursos para asumir las condiciones impuestas por el juez instructor de un caso de presunto fraude a la Seguridad Social cifrado en 200 millones de euros, por el que se prevé que vaya pronto a juicio su antigua junta directiva.
Nueve años después de que agentes de la policía accedieran a las oficinas de esta administradora de cotizaciones sociales en Barcelona, el instructor ha reiterado que impone 195,08 millones de euros de fianza por posible responsabilidad civil a Mutua Universal, que no puede disponer de los bienes de su patrimonio ni contraer ninguna obligación sin permiso de la Seguridad Social, según una comunicación remitida por la empresa que ha revelado El Confidencial.
Mutua Universal argumenta, en ese documento, que la ejecución de una fianza de este importe es imposible y «generaría problemas en relación al desarrollo normal» de su actividad económica.
Se calcula que da servicio a más de 158.000 empresas y más de 1,3 millones de personas, que representan casi un 8% de los trabajadores de régimen general y más de un 7,3% de los autónomos españoles. Al frente de su junta directiva está, desde 2004, el empresario Juan Echevarría Puig, ex suegro del expresidente del FC Barcelona Joan Laporta, pero no está imputado. En cambio, están en el punto de mira el ex director general Juan Aicart, para quien la fiscalía pide 15 años y medio de cárcel, y una decena de ex directivos, para los que se piden penas de hasta seis años y diez meses.
