La Audiencia Nacional tira de las orejas a los Mossos

Archivan la causa contra nueve supuestos anarquistas detenidos en octubre pasado en Barcelona y Manresa
Mateu Morral
Mateu Morral

La Audiencia Nacional ha archivado la causa contra nueve anarquistes detenidos por los Mossos d’Esquadra en octubre pasado en la Operación Pandora II.

 

La jueza Carmen Lamela critica las investigaciones de la policía catalana al señalar que han sido incapaces de conseguir datos objetivos y verificables que puedan considerarse indicios para sustentar, ni que sea de manera indiciaria, la participación de los investigados en los hechos imputados.

 

En una interlocutoria, la magistrada indica que Mossos d’Esquadra se limitaron a informar sobre reuniones y visitas en centros penitenciarios. Sólo consiguieron corroborar que los investigados se relacionaban con personas del colectivo anarquista, algunos con antecedentes penales, pero no aportaron pruebas sobre la posible comisión de delitos ni sobre la pertenencia a organización terrorista.

 

En la primera Operación Pandora, desencadenada después de un atentado anarquista en octubre de 2013 en la Basílica de Pilar de Zaragoza, se efectuó un registro en una vivienda del barrio de Sant Andreu de Barcelona, donde los agentes encontraron supuestos indicios sobre los nueve detenidos. En este piso hallaron objetos relacionados con los llamados Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). La acción en Zaragoza fue reivindicada por un grupo que tomaba el nombre de Mateu Morral, histórico anarquista que atentó contra el rey Alfons XIII.

 

En la operación Pandora II participaron más de 500 agentes de los Mossos d’Esquadra, que practicaron diez registros, que incluyeron el Ateneo Libertario de Sants y pisos particulares de Barcelona y Manresa. Uno de los detenidos fue Quim Gimeno, que después denunció a los juzgados un supuesto intento de extorsión para convertirlo en confidente de la policía española.

 

La policía relacionaba los detenidos con la autoría de varios atentados incendiarios y con explosivos en 2012 y 2013 a entidades bancarias.

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