La decisión del rey Felipe VI de no recibir, a principios de año, a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que quería comunicarle oficialmente la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido el «click» que ha desatado una oleada de rechazo municipal contra la monarquía que, cada día que pasa, va a más. La Zarzuela debe ser consciente que está perdiendo, a pasos agigantados, la adhesión de la sociedad catalana y que el viejo topo republicano y anti-borbónico está perforando y haciendo hueco en la conciencia política de este territorio de la península Ibérica.
Si el viejo rey Juan Carlos I ganó la «batalla» de la opinión pública catalana y española fue porque traicionó el legado recibido del dictador Francisco Franco y fue capaz de hacer el tránsito a la democracia, de rechazar el intento de golpe de Estado del 23-F y de propiciar la entrada de España en la Unión Europea. Pero su hijo y sucesor, Felipe VI, todavía tiene que demostrar su valía y, de momento, no da señales de vida. Su incapacidad para encontrar una salida a la situación de bloqueo político que dejaron las elecciones generales del pasado 20-D es la demostración que su autoridad -emanada de la Constitución- chirría.
España vive una situación inédita desde 1977: ya hace más de 100 días que el país tiene un gobierno en funciones. El escenario de unas nuevas elecciones, de incierto resultado, amplía la actual etapa de provisionalidad y de vacío institucional hasta después de las vacaciones de agosto. El rey, como mediador y primum inter pares, tiene una responsabilidad directa, por acción y por omisión, en esta insólita parálisis política, que ya empieza a tener efectos negativos sobre las decisiones empresariales y la economía productiva.
El primer ayuntamiento catalán en declarar a Felipe VI persona non grata por su falta de respeto hacia la presidenta del Parlamento fue el de Breda. Después se han añadido los de Arenys de Munt, Premià de Mar, Torelló y Vic. La paeria de Cervera ha dado un paso más allá y ha exigido a la Casa Real que la princesa Leonor deje de utilizar el título de condesa que va asociado a la capital de la Segarra.
Los gestos de hostilidad hacia la monarquía borbónica se multiplican en Cataluña: la alcaldesa Ada Colau ha impulsado la retirada del busto del rey Juan Carlos I de la sala de plenarios y de la Medalla de Oro de la ciudad a la infanta Cristina por su imputación en el caso Nóos. Cuatro ayuntamientos han aprobado que la foto de Felipe VI deje de presidir los plenos municipales y el de Terrassa ha hecho lo mismo con el busto real.
Evidentemente, se trata, de momento, de decisiones simbólicas sin más trascendencia política. Pero indican que la causa republicana -no necesariamente vinculada al independentismo- está ganando cada vez más adeptos. El rey tendrá que sudar el sueldo si quiere salvar el cuello.
