Felip Puig se ha marchado de la Consejería de Empresa y Empleo sin hacer los deberes. La Ley 9/2014 de seguridad industrial, aprobada el 31 de julio de 2014, establecía, en su disposición 5ª, que «el Gobierno, en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley, tiene que aprobar un proyecto de Ley que regule el régimen jurídico de las estaciones de inspección técnica de vehículos». Los nueve meses pasaron con creces y Felip Puig abandonó el cargo el pasado día 14 de enero sin haber presentado el proyecto de ley sobre las ITV al que estaba obligado.
Su sucesor, Jordi Baiget, recibe una herencia envenenada. Las ITV, a raíz del escándalo que ha acabado con la carrera política de Oriol Pujol, predestinado por su padre a asumir la presidencia de la Generalitat, son «materia explosiva». En CDC hay «pánico» a remover este tema, pero las reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que han invalidado las disposiciones dictadas sobre las ITV en época del Tripartito, obligan al gobierno de Carles Puigdemont a mover ficha.
En concreto, el TSJC ha anulado el Plan Territorial que fijaba la distribución de las ITV en Catalunya durante el periodo 2010-2014, la convocatoria del concurso que se hizo en 2010 y la distribución de las concesiones decidida por el consejero Josep Huguet. Actualmente, estas sentencias están pendientes de la resolución final por parte del Tribunal Supremo (TS). El pasado 15 de octubre, y a instancia del TS, el Tribunal de Justicia de la UE emitió un dictamen en el que desautorizaba las limitaciones que pone la Generalitat para la implantación de las ITV al considerar que son una «restricción» a la libertad de establecimiento de empresas.
Mercado cautivo
Esta parálisis, que se arrastra desde hace cinco años, tiene dos efectos evidentes: de un lado, mantiene el privilegio de las cinco empresas adjudicatarias del concurso del año 2010, que se reparten el «mercado cautivo» de los 2,5 millones de vehículos que cada año pasan la ITV en Catalunya, con una facturación conjunta superior a los 100 millones de euros; del otro, impide la implantación de nuevas estaciones de inspección, hecho que convierte a Catalunya en una estrambòtica excepción en el conjunto de los países de la Unión Europea, donde este sector está liberalizado y está abierto a la competencia.
De esta situación de vacío legal y de inseguridad jurídica ha sido víctima la empresa OCA ITV, que en 2010 fue adjudicataria -a través de un concurso público- de un terreno municipal en la Meridiana de Barcelona para construir una ITV, con una concesión de 35 años. Desde entonces ha ido pagando religiosamente el canon de superficie al Ayuntamiento, pero nunca ha conseguido la autorización de la Generalitat, alegando que el Tribunal Supremo tiene la última palabra. Ahora OCA ITV reclama, en vano, que le devuelvan los 21.939,26 euros abonados a las arcas municipales.
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