El próximo 9 de febrero se retomará con gran expectación mediática el juicio por el caso Nóos con Cristina de Borbón sentada al banquillo de los acusados junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y 16 personas más. Al final no ha servido de nada que la defensa de la hermana del rey Felipe VI se haya aferrado a la doctrina Boten como un clavo ardiendo para conseguir que su clienta no fuera juzgada pese a las acusaciones de delito fiscal que pesan sobre ella. Las tres magistradas de la Audiencia Provincial de Palma han decidido no aplicar a la Infanta la resolución que el Tribunal Supremo se sacó de la manga en 2007 para salvar al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, de ser juzgado por un presunto fraude fiscal.
Probablemente estas semanas no se habría hablado tanto de aplicar la doctrina Botín a la hermana del rey de España si el gobierno de Artur Mas hubiera hecho caso al Parlamento en vez de mirar hacia otro lado para hacer, presuntamente, un favor al abogado de la Infanta y destacado ex dirigente convergente, Miquel Roca. El 5 de marzo del año pasado la cámara aprobó una moción sobre medidas de urgencia social que pedía a la Generalitat que se personara en la causa contra Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin por el caso Palma Arena en defensa de la hacienda pública. La petición buscaba evitar que se aplicara a la Infanta la doctrina Botín, que limita la acción de la acusación particular y la deja sin valor para abrir juicio oral si sólo hay una y tanto el Ministerio Fiscal como la abogacía del Estado solicitan el sobreseimiento.
La moción, aprobada con los votos favorables de ERC, PSC, ICV- EUiA, la CUP y Ciudadanos, y la abstención de CiU y PP, incorporaba una enmienda a iniciativa del Grup Ciutadà de Treball contra la Corrupció a Catalunya integrado entre otras por la plataforma Xnet, la Confederació d’Asociacions de Veïns de Catalunya, el dirigente de la CUP David Fernàndez y la revista Café amb Llet. La enmienda en cuestión instaba a la Generalitat a personarse «como parte perjudicada» en el proceso judicial que ha instruido el juez José Castro «dado que el perjuicio efectivo derivado de los delitos contra la hacienda pública podría provocar una reducción en los ingresos del presupuesto de la Generalitat».
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