El futuro Gobierno de la Generalitat heredará una situación financiera extrema del segundo mandato de Artur Mas y la gestión del consejero Andreu Mas-Colell, marcada por una deuda acumulada con sus proveedores de 2.370 millones de euros, de los cuales 1.539 millones son pagos pendientes relacionados con la sanidad, según datos registrados en Hacienda correspondientes a agosto citados por Vozpópuli. El fardo de deuda comercial se ha incrementado en 856 millones durante el último año.
Catalunya, que ha recibido 5.822 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) este año hasta agosto (ha solicitado unos 9.500 millones para 2015 y desde 2012 ha recibido 37.500 millones), debe 465,5 millones a los hospitales y CAP concertados, han asegurado fuentes del sector. Esta deuda del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) incluye los 350 millones de la factura de julio, que se tenía que haber abonado en octubre, y 115 millones más que corresponden a una tercera parte de la factura de junio, que se tenía que abonar en septiembre. El CatSalut sólo pagó el 66% del importe de esta última.
Además, arrastra una deuda de 330 millones de euros con las farmacias, correspondiente a las facturas de julio a septiembre. Tanto las farmacias como los centros concertados denuncian que la viabilidad de muchos negocios está en peligro por los retrasos de los pagos que adeuda la Generalitat.
El grifo de Rajoy y Montoro
En este contexto, en el que la mayoría del Parlamento de Catalunya que se acaba de constituir prevé la desconexión con España, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cedido al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, las riendas de la liquidez.
Según Vozpópuli, el Gobierno español está evaluando la posibilidad de cortar el grifo a Catalunya y buscar una manera de restringir la capacidad de maniobra presupuestaria del Gobierno catalán. Una posibilidad es que se deje caer a la Generalitat hasta que infrinja la Ley de Morosidad, escenario en el que el Gobierno español intervendría para decidir qué se paga. De este modo, dejando al Gobierno catalán al margen, Madrid abonaría directamente el dinero a los proveedores de la Generalitat.
El ministro Montoro, que ha señalado que el FLA no existe para financiar «objetivos políticos ilegales», ha planteado una suerte de trueque de lealtad a cambio de fondos (el Ejecutivo central tiene preparados 7.000 millones). Fuentes del Ministerio de Hacienda citadas por El Confidencial explican que ya se trabaja en un plan de actuación por si Rajoy decide negar la liquidez al Gobierno que todavía lidera Artur Mas.
