La Justicia pisa a Iberpotash, la empresa que explota las minas de sal en el Bages, que se queda sin ninguna base jurídica que justifique su actividad en la comarca. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por la multinacional israelí y el Gobierno de la Generalitat contra la sentencia del TSJC que en octubre de 2003 anuló la autorización ambiental otorgada por el ejecutivo catalán.
En 2008, el TSJC sentenció que la escombrera del Cogulló de Sallent, una montaña de desperdicio salino del diámetro y la altura de Collserola, fruto de la explotación de las minas, era ilegal porque no contaba con ninguna evaluación ambiental.
Francesc Baltasar (ICV) fue el consejero que emitió la autorización para que Iberpotash continuara explotando el territorio.
La resolución del Supremo declara probado que el vertedero no ha parado de crecer durante estos años sin que se haya realizado ninguna evaluación ambiental previa a la autorización.
El Cogulló no está impermeabilizado. Hecho que supone que la sal se filtre al suelo cada vez que llueve, y salinice toda la cuenca de los ríos Llobregat y Cardener, que abastecen de agua a buena parte del área Metropolitana de Barcelona.
La resolución del Supremo no admite más recursos.
