A pesar de que los organismos antiblanqueo de Europa y de los Estados Unidos miran con lupa a Andorra desde el escándalo de la BPA, el consejo de ministros ha aprobado enviar a las Cortes el convenio fiscal entre España y Andorra para que se ratifique en trámite de urgencia y entre inmediatamente en vigor.
En un comunicado oficial, el gobierno de Mariano Rajoy destaca que este tratado fiscal con Andorra, llamado Convenio de No Doble Imposición (CDI), tiene como finalidad «mejorar la cooperación en materia fiscal», impedir que los ciudadanos tributen por un mismo impuesto en los dos países y, al mismo tiempo, evitar «la evasión o la elusión fiscales».
Pese a esta declaración de buenas intenciones, desde la Plataforma per una Fiscalitat Justa se advierte que este CDI, que Mariano Rajoy quiere que entre en vigor cuanto antes, permitirá que las empresas españolas -y especialmente las catalanas, por una cuestión de proximidad- que decidan abrir una filial en Andorra tributen menos impuestos, hecho que repercutirá en los ingresos de las arcas públicas.
Luxemburgo como modelo
Las autoridades políticas y empresariales andorranas no esconden que su modelo es Luxemburgo, otro país de baja fiscalidad que a finales del año pasado apareció en toda la prensa mundial por el escándalo de Luxleaks, tal como se denominan los acuerdos secretos que sus autoridades cerraron con grandes corporaciones como Apple, Amazon, Heinz, Pepsi, Ikea o Deutsche Bank para que localizaran filiales en este pequeño principado centroeuropeo y, así, escatimaran impuestos a los países donde realmente operan y tienen el negocio.
En un informe de la Confederación Empresarial Andorrana (CEA), la patronal de Andorra, se subraya que el nuevo sistema de impuestos del cual se ha dotado el país en los últimos años, especialmente el de sociedades, «lidera un modelo fiscal tremendamente atractivo y que ha sabido dar un tratamiento que combina las mejores virtudes de jurisdicciones como Holanda, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Malta o Chipre». Más claro, el agua.
Cuando empezó la crisis en 2008, Andorra decidió cambiar su modelo económico e iniciar una apertura que tenía como objetivo la captación de empresas extranjeras para que decidieran establecer la sede en su país, atraídas por la baja fiscalidad. Con esa intención, han introducido en los últimos años un sistema fiscal, homologado a la normativa de la UE, pero con unos tipos tan bajos que, de hecho, constituyen un dumping fiscal o competencia fiscal desleal entre países.
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