El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha recibido una petición de la asociación Defensor del Paciente para que se investigue si el cobro de 5 euros a acompañantes de pacientes en determinados hospitales catalanes por el uso de una butaca reclinable es constitutivo de delito.
El escrito remitido a la Fiscalía considera que cobrar esos cinco euros es «una estafa» y «un agravio comparativo» en relación en otros centros catalanes y de todo el Estado.
Siete centros disponen de las butacas privatizadas: los hospitales concertados de Granollers, Vic, Sant Celoni, La Seu d’Urgell, Berga, Sant Pere de Ribes, Campdevànol y Blanes.
Las comercializa la empresa catalana Decam, de Sant Feliu de Guíxols, que ha cambiado las antiguas butacas por su modelo nuevo sin coste, a cambio de quedarse con el negocio de hacer pagar las noches a los acompañados de los pacientes.
