El Tribunal Constitucional ya tiene sobre la mesa tres recursos contra la polémica y millonaria indemnización -1.350 millones de euros- entregada vía Real decreto por el Estado a Escal UGS (el 66,67% pertenece a ACS), concesionaria del almacén de gas Castor.
El recurso más ambicioso contra el pago por la hibernación del Castor proviene, paradójicamente, del grupo socialista del Congreso. El último gobierno del PSOE, con Miguel Sebastián al frente de Industria, fue precisamente el impulsor inicial de la infraestructura que desató actividad sísmica y polémicas a mansalva.
Los socialistas recurren la normativa en su totalidad, mientras que el Parlamento catalán denuncia los apartados 2, 4.1 y 4.3, y el Gobierno catalán, toda la normativa excepto la disposición adicional segunda.
El Tribunal Supremo ha trasladado los recursos con tres autos remitidos al Congreso de los Diputados, el Senado y al Gobierno del Sido para que se puedan personar en el proceso.
El 26 de enero, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs imputó a 18 personas por la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales y de prevaricación medioambiental, entre ellos Recaredo del Potro, presidente de Escal.
