El Gobierno español agotó hace meses el plazo fijado por las autoridades comunitarias para incorporar en su ordenamiento jurídico la directiva 2012/13/UE sobre el derecho a la información de los encausados en procesos penales, por lo cual la Comisión Europea le ha abierto un expediente, informa eldiario.es.
Mediante una comunicación escrita, las autoridades de Bruselas ha pedido explicaciones en el Gobierno español por este retraso al asumir el contenido de una normativa que se tenía que transponer antes del 2 de junio, elaborada para asegurar el derecho a un juicio justo.
Preguntada por la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol sobre posibles medidas contra el incumplimiento, la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova, ha dicho que si España no reacciona a la comunicación remitida, el caso puede acabar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El caso de Alfon’
La eurodiputada Albiol ha trasladado a la comisaria Jourova que se está produciendo un incremento de la criminalización de la protesta social y ha expuesto, en concreto, casos como los de Alfonso Fernández, ‘Alfon’, un joven condenado por la supuesta tenencia de un explosivo, que él niega. Sobre este caso se han denunciado excesos e irregularidades en las pruebas presentadas y se ha extendido la sospecha de un montaje policial.
