La responsabilidad sobre la jornada del 9N ha quedado diluida en una «responsabilidad solidaria» que otorga al Gobierno de la Generalitat un supuesto papel de asistente y garante -de las urnas y del apoyo jurídico a los voluntarios- y a los voluntarios mismos, el protagonismo de la votación alternativa. Este es el resultado de la reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir celebrada este viernes.
Lo ha explicado Joan Rigol, coordinador del Pacto, que ha avanzado que el recuento de votos recaerá en los voluntarios y que la Generalitat, que hará «compañía» y dará «apoyo», «ha hecho su trabajo y lo continuará haciendo, asumiendo su responsabilidad», pero cederá la «ejecución» a los voluntarios.
En ese sentido, el presidente Artur Mas ha confirmado en el encuentro que el Gobierno, que parece quedar ahora en un segundo plano, liderará la consulta a pesar de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.
Antes de que se confirmara esta dilución de responsabilidades, el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida se había mostrado partidario de «ahorrarnos algún dolor de cabeza» entregando al Pacto el pilotaje del ‘proceso participativo’.
El Gobierno español, por boca de Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a Mas que no cause problemas a los funcionarios y, por extensión, a los ciudadanos. La vicepresidenta ha dicho que los catalanes no tienen por qué tener soportar la inseguridad jurídica que, considera, genera el proceso.
