Francisco Granados, ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior madrileño y ex mano derecha de Esperanza Aguirre, puede haber cometido ocho delitos, según el juez Eloy Velasco, que le ha enviado a la prisión sin fianza.
El más célebre de los investigados por la operación Púnica ha atribuido a su amigo y, presuntamente, también compañero de martingalas y corruptelas, el constructor David Marjaliza, la propiedad de las cuentas detectadas en Suiza, que alertaron a las autoridades helvéticas y propiciaron la investigación en España.
La medida de prisión provisional también se ha decretado para Marjaliza, quien el juez considera que, entre otros constructores, fue beneficiado por Granados en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
Eloy Velasco sospecha que este hombre de confianza de Aguirre caído en desgracia puede haber cometido delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.
La prima de Aguirre
Además, su introductora al más alto nivel de la política madrileña puede verse salpicada todavía más. Según publica este viernes Vozpópuli, la Fiscalía Anticorrupción está escrutando adjudicaciones de Granados porque sospecha que la trama puede haber favorecido, entre otros familiares de altos cargos madrileños, a los de la misma Esperanza Aguirre.
En ese sentido, se encuentran en el punto de mira dos adjudicaciones. Una, de 2008, a Segur Ibérica, donde ejercía de secretaria del consejo de administración Marta Gil de Biedma, prima de Aguirre. Esta empresa logró la vigilancia y la seguridad de Presidencia, Vicepresidencia e Interior por un valor de 2,65 millones de euros.
La otra adjudicación bajo la lupa, de 2009, otorgó, mediante un concurso urgente, el contrato de vigilancia y seguridad de la Consejería de Justicia madrileña a Eas Tecno System SA, donde había aterrizado como director general José Luis Novales, quién era el director de Seguro Ibérica que firmó el otro contrato sospechoso. Eas Tecno System obtuvo este contrato de 9,3 millones de euros a pesar de no cumplir el requisito de la cifra de negocio mínima. Aguirre defendió públicamente en aquel entonces el proceso a raíz de las sospechas y la polémica generada.
