La obra social de la PAHC, que para hacer obedecer el derecho constitucional a la vivienda que servicios sociales incumple ocupa edificios que los bancos han mantenido vacíos durante años, empuja a entidades financieras y administraciones a ceder pisos con alquileres asequibles.
Hace cuatro años pesaba 65 kilos, ahora, 49. Núria Tomàs tiene 60 años, es divorciada y hasta hace poco arrastraba la hipoteca de una casa en Vilafranca del Penedès. El primer año pagaba 800 euros y el segundo, 1.200. Trabajaba de administrativa y recepcionista en un ambulatorio, pero una reestructuración laboral la dejó sin trabajo. Ahogada por la deuda, pidió a Caixa Catalunya que le facilitara la dación en pago y se trasladó a vivir a Manresa, donde su hijo Víctor estudia la carrera de podología.
Dos años más tarde, la Núria recibió el visto bueno de la entidad financiera. Se sacó de encima la deuda, pero seguía sin trabajo y sin casa. Durante este tiempo ha compartido piso de alquiler con Víctor y ha subsistido con 426 euros mensuales. «He pasado momentos muy malos. Si a mi hijo le faltaba algo iba con su padre, pero yo he llegado a no tener nada para ponerme en la boca», recuerda la Núria, quién desde el 28 de abril vive con sus dos perros ‘Baby’ y ‘Ona’ en los bajos 3ª de la calle Girona número 41 de Manresa.
«Aquí la convivencia es tranquila, yo me paso recetas de cocina con la vecina, por ejemplo, pero aún así, no deja de haber los problemas que hay a cualquier comunidad, y encima, tienes que añadir que muchos de los que vienen a vivir aquí llegan en una situación muy precaria: sin ingresos y con niños. El del tercero tercera tiene dos hijos y vive de la basura», explica la Núria. El del tercero es en Mohamed Skal.
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