Desobediencia parlamentaria

CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP despliegan la ley de consultas para escoger a los miembros de la comisión de control
Ple del Parlament
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El Parlamento, con el apoyo de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, ha aprobado este miércoles la designación de los siete juristas y politólogos que tienen que formar parte de la comisión de control de la consulta. La propuesta ha visto luz verde sólo con los 84 votos a favor. PP, C’s y PSC ni siquiera han votado. Durante el debate, los portavoces de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP han defendido la legalidad de llevar a cabo la votación de los siete miembros y han asumido las «consecuencias».

Los servicios jurídicos de la Cámara han elaborado un informe que han entregado a los grupos justo cuando empezaba la sesión plenaria, a las 10h, y que considera que el nombramiento de los miembros de la Comisión corresponde al presidente de la Generalitat y que se tiene que realizar por decreto. Por lo tanto, el acto incluido en el orden del día «no es un acto que produzca plenos efectos, puesto que es imprescindible el acto posterior de nombramiento para que los miembros de la comisión adquieran de plena forma y efectiva su condición legal«.

No lo ve así el portavoz del PPC, Enric Millo, quien ha afirmado que «estos actos tienen consecuencias jurídicas y legales» y ha avisado que llevará a los diputados que han votado esta designación a la Fiscalía. El también diputado popular y miembro de Mesa, Pere Calbó, se ha desmarcado de la votación porque «es un acto ilegal» y ha advertido a Núria de Gispert que no firmaría el acuerdo «por las responsabilidades jurídicas que se puedan derivar». Ése ha sido pues, también, un acto de desobediencia. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha manifestado que «no se puede desarrollar una ley que está suspendida».

La comisión de control de consultas populares queda formada por la catedrática de derecho constitucional de la UAB, Mercè Barceló; el catedrático en ciencia política y de la administración de la UAB, Joaquim Brugué; el doctor en derecho por la Universitat Rovira i Virgili, Alfonso González; el catedrático de derecho civil de la Universitat de Girona, Miquel Martín; el catedrático de ciencia política de la Universitat de Barcelona, Jordi Matas; y los licenciados en derecho Marc Marsal y Benet Salellas.

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