El fiscal Emilio Sánchez Ulled solicita diez años de prisión para el ex consejero delegado de Adigsa, la empresa de la Generalitat, Josep Antoni Fontdevila. Pide nueve años y medio para dos cargos más: Jordi Huguet Farré y Xavier Sala Serra, y cinco para José María Penin Manero, pariente lejano de Felip Puig, quién entonces era consejero de política territorial y obras públicas, departamento de la cual dependía Adigsa. «Los acusados Fondevila y Penin así como el presidente de Adigsa compartían militancia y actividades políticas en la formación CDC», destaca el fiscal.
«Sin que conste el motivo ni exista ninguna justificación para hacerlo, construyeron expedientes y adjudicaciones a medida y dilapidaron fondos públicos con este procedimiento en beneficio del indicado Penin y los empresarios acusados», explica el fiscal.
El caso Adigsa empezó en 2005 en el hemiciclo del Parlamento, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se dirigió a la bancada de CiU para decir: «Ustedes tienen un problema que se llama 3%», en alusión a las comisiones que supuestamente cobraba el Gobierno con las adjudicaciones de obra pública.
