El fondo de pensiones vinculado a una SICAV de Luxemburgo suscrito por el dimitido eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, entre otros, escondía una sorpresa adicional: arrastra un agujero patrimonial de 227,7 millones de euros porque los activos disponibles no son suficientes para cumplir con los compromisos de pago. Este dato, publicada por The Daily Telegraph, corresponde a 2012, último ejercicio del que se tienen datos.
El think tank Open Europe , publica El Boletín.com, indagó sobre el polémico fundo años atrás, cuando se planteaba que los contribuyentes tendrían que rescatarlo. Entonces el agujero sólo era de 113 millones de euros. Su investigación señalaba que un 70% de los eurodiputados españoles participaba en el fondo en 2007.
Según Cambio16, 16 eurodiputados españoles no tienen nada que ver con el fondo de pensiones: cuatro socialistas, nueve populares y tres de otros partidos. Entre estos, los más conocidos son el actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el expresidente del PP vasco Carlos Iturgaiz, Raül Romeva (ICV) e Ignasi Guardans (CiU). Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso, no aparece en esta lista, pero niega que hubiera subscrito el plan.
Desde la Eurocámara se ha señalado que la fórmula elegida para complementar pensiones es completamente legal y que la Mesa de esta institución abandonó el fondo en 2009 porque se consideraba que la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Eurodiputado hacía que las pensiones pasaran a depender de las instituciones comunitarias. En cuanto a la elección de Luxemburgo como el lugar donde establecer la SICAV, lo han justificado porque en este país está la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo, desde donde se gestionan los fondos financieros de esta institución.
El fondo no ha recibido nuevas adhesiones ni aportaciones desde 2009, pero pagará pensiones de eurodiputados hasta 2026, año de la última jubilación de sus beneficiarios.
