Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón temen que la política de promoción de las exportaciones de armas por parte del Gobierno español esté debilitando el control de las compraventas, lo cual propiciaría que se cerraran operaciones pese al riesgo de que vayan a parar a culpables de violaciones de derechos humanos.
Estas ONG han llegado a esta conclusión analizando datos de 2013. El año pasado, el ejecutivo español autorizó exportaciones de armas valoradas en más de 4.376 millones de euros. Considerando sólo el material de defensa, se autorizó un 100% más de exportaciones que el 2012. Además, desde 2004, indica Oxfam Intermón, se han multiplicado por diez las exportaciones autorizadas por el ejecutivo del Estado.
El propio Gobierno español ha detallado que el incremento de 2013 se explica por las transferencias a Arabia Saudí, Australia y Estados Unidos.
