Miquel Roca pierde el litigio de las ITV

El TSJC anula la orden de la Generalitat que daba a las antiguas adjudicatarias el derecho a utilizar las estaciones de inspección de vehículos
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Nueva sentencia judicial contra la Generalitat por su intento de controlar el sector de las ITV, que ha originado uno de los escándalos de corrupción política más sonados de los últimos años. La sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de emitir una resolución -a la cual ha tenido acceso EL TRIANGLE- donde se anula la orden 468/2010 del departamento de Empresa y Ocupación que desarrollaba algunos aspectos del reglamento de la Ley de seguridad industrial.

En concreto, esta sentencia desautoriza la pretensión de la Generalitat de prolongar, por la vía de los hechos consumados, la ocupación de las antiguas instalaciones de las ITV por parte de las empresas que habían resultado adjudicatarias hace treinta años pero que, en la actualidad, ya han perdido los derechos concedidos, al haber caducado. La orden 468/2010 fijaba el precio que tenían que pagar estas empresas (el 2% de sus ingresos) para seguir utilizando las estaciones de inspección de vehículos, que formalmente han pasado a ser propiedad de la Generalitat.

La directiva de servicios
En el trasfondo del conflicto legal está la Directiva de servicios aprobada por la Unión Europea en 2006, que establece la plena liberalización de las ITV. A pesar de que esta norma es de obligado cumplimiento en todo el ámbito comunitario, la Generalitat se ha obcecado en querer controlar y regular el sector en Cataluña, sometiéndolo a concursos y adjudicaciones que, además, han sido motivo de agrios rifirrafes políticos y judiciales.

En esta sentencia el TSJC vuelve a dejar muy claro que la Generalitat no tiene capacidad para otorgar a dedo unas instalaciones de ITV ni cobrar un alquiler, toda vez que la Directiva de la UE lo prohíbe taxativamente. Además, recrimina a la consejería de Empresa y Ocupación que, a la hora de reasignar estas estaciones de inspección de vehículos no hiciera una convocatoria abierta a todas las empresas del sector y optara para renovar los privilegios de las antiguas concesionarias.

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