El artículo 17 de la Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales establece que «el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el ejercicio de sus funciones y velará para que se haga de ellos un uso efectivo cuando, por el tipo de tareas realizadas, sean necesarios». Este es uno de los argumentos que más han utilizado los sindicatos policiales en los últimos siete años para reclamar chalecos de protección individual ligera antibalas y antipinchazos.
Poco antes del final del tripartito, el consejero de Interior, Joan Saura, se comprometió a equipar a los agentes con los chalecos antibalas en menos de dos meses, pero el material nunca se llegó a comprar. En el cargo le sustituyó Felip Puig, quien durante su primer año mantuvo una muy buena relación con los sindicatos, pero posteriormente se comenzó a estropear a consecuencia del desinterés de Puig para dotar de esta protección a los agentes. Ahora, con Ramon Espadaler de consejero de Interior, los sindicatos denuncian que el diálogo es inexistente y que este político ni siquiera les ha llamado para mantener conversaciones bilaterales para presentarse, como suele ser habitual cada vez que llega un nuevo responsable en el departamento.
Denuncia en los juzgados
Ante las continuas dilaciones en la solución de este tema, la principal reivindicación de los Mossos d’Esquadra, el Sindicato de Policías de Catalunya (SPC) ha presentado una denuncia contra el director general del cuerpo, Manel Prat, y el subdirector general de recursos humanos, Josep M. Sans Rodríguez, a los que acusa de un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo y por un delito de lesiones por imprudencia. La querella hacía tiempo que se preparaba y finalmente se entregó en los juzgados el pasado 7 de octubre.
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