Un centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Catalunya ha ocupado este jueves de 11h a 13h el vestíbulo de la Consejería de Territorio para reclamar la apertura de una vía de diálogo con el consejero Vila. El objetivo de la acción era parar el desalojo previsto para el 16 de octubre de un bloque de viviendas de Salt, un edificio propiedad de la ‘banca tóxica’, la Sareb, donde actualmente viven 43 personas. Vila no ha ido, pero sí que se ha personado el secretario de Vivienda, Carles Sala, que después de una hora de reunión con representantes de la Plataforma, se ha comprometido a un posicionamiento público de la Generalitat contra el desalojo.
La PAH ha querido evidenciar este jueves lo que algunos de sus activistas denominan «la contraposición de dos modelos sobre una manera de entender el derecho a la vivienda«. «Si el banco malo lo han rescatado con el dinero de todos los contribuyentes, por qué quieren echar a la gente desahuciada que vive ahí y que tiene derecho a un techo?», argumentaban algunas de las personas que, con la camiseta verde de la PAH enfundada, se han pasado dos horas cantando consignas a favor del derecho a una vivienda.
Mientras duraba el encuentro entre representantes de la Plataforma y de la Administración, el resto de activistas ha seguido al vestíbulo sin estorbar la actividad del Departamento. Han desplegado pancartas que llevaban escritos algunos de los cánticos que ellos mismos reproducían como ‘no se entiende gente sin casa y casa sin gente’ o el ya universal ‘sí se puede’.
«Si la Generalitat representa al pueblo tendría que estar presionando para que el Gobierno del PP y la Sareb pongan sus pisos a disposición de los miles de personas necesitadas», argumentaba la activista Marta Afuera.
El estallido de alegría ha sido unánime entre los miembros de la PAH que había en el vestíbulo cuando los representantes les han explicado el desenlace de la reunión. No han faltado, pero, algunas voces que desconfiaban del anuncio del Departamento. «Habrá que ver si cumplen lo que dicen, porque si así fuera no tendrían que llevar los Mossos al desalojo«, ha considerado uno de ellos.
La orden judicial del desalojo del bloque de Salt, donde viven 43 personas, entre ellas 21 menores, está previsto que se ejecute el 16 de octubre.
