¿Cuántos recursos propios está destinando el gobierno catalán para luchar contra la violencia machista? No lo sabemos. Durante el último pleno celebrado por el Parlament de Catalunya, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, anunció que durante 2019 Cataluña invertiría 32 millones de euros. Una cifra que, aunque ella no lo mencionó en su intervención, incluye en gran medida los recursos que ha recibido Catalunya para desplegar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 12,8 millones de euros en 2018 y 13,7 millones de euros en 2019. Unos ingresos muy significativos si tomamos en cuenta que el govern tenía previsto invertir sólo 9.750.000 euros en 2018 para luchar contra este lacra.

Todas las medidas que anunció la consellera Budó, pero también las otras que ha ido haciendo públicas el gobierno catalán en los últimos meses, se financiarán con los fondos del Pacto de Estado. Así se desprende de las respuestas parlamentarias escritas de la propia consellera. Por ejemplo, el Primer Congreso Internacional de abordaje de las violencias machistas que se celebrará en octubre; los dos nuevos Servicios de Atención Especializada para recuperación de víctimas (SIE) y el Protocolo contra las violencias sexuales en entornos de ocio que fue presentado en enero pasado en rueda de prensa por la entonces consellera Elsa Artadi y el conseller de Interior Miquel Buch. También saldrán de estos fondos las campañas de sensibilización del Institut Català de les Dones, el Protocolo de prevención y detección de violencia machista en el ámbito educativo, el Observatorio catalán de la justicia contra la violencia machista y muchas otras medidas que son claves para avanzar pero que no deberían sustituir el esfuerzo del propio gobierno catalán. Entre otras cosas, porque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue diseñado para sumar esfuerzos en una cuestión que se ha convertido en una preocupación de primer orden para la ciudadanía y no para reemplazar lo que hacen las otras administraciones, ya sean las comunidades autónomas, que tienen gran parte de las competencias transferidas en esta materia, o los ayuntamientos.

En el caso de Catalunya, las medidas para combatir la violencia de género son totalmente insuficientes. Lo reconocen los propios informes del Institut Català de les Dones que constatan que la red llega sólo a una de cada diez mujeres que se estima son víctimas de violencia machista. El servicio de atención especializada de Sant Feliu de Llobregat, tiene, por ejemplo, que atender con 8 profesionales una población de 806.000 habitantes. Durante 2018, sólo 103 mujeres que necesitaban alejarse de su agresor pudieron acceder a una vivienda de protección oficial. Esto, al mismo tiempo que la última encuesta sobre violencia machista revela que un 64% de las catalanas confiesa haber sido víctima en algún momento de su vida de violencia de género y un 17,6% a lo largo del último año consultado.

En su intervención en el pleno del Parlament, la consellera Budó anunció también que en otoño comenzaría la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hacer realidad el Pacto Catalán contra la Violencia Machista. Esto, aunque el Parlament ya aprobó en octubre pasado que este pacto tenía que ser realidad antes de seis meses, o sea, el pasado mes de abril ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora?

A lo largo del último año, la consellera Elsa Artadi, la presidenta del Institut Català de les Dones, Núria Balada, y la actual consellera de la presidencia, Meritxell Budó, han insinuado cuando se les pregunta por estos fondos que no se sienten obligadas a dar explicaciones porque Catalunya no participó por estar vigente el 155. Pero lo cierto es que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se redactó entre febrero y julio de 2017, en él participaron todos los grupos presentes en el Congreso, también los del govern, y las medidas se adoptaron por unanimidad. El 28 de septiembre de 2017 el Pacto se votó en el Congreso de los diputados y las dos formaciones que dan apoyo actualmente al gobierno catalán votaron a favor. Todo esto sucedió mucho antes del 155.

El govern afirma constantemente que la lucha contra la violencia de género es una prioridad de esta legislatura pero difícilmente avanzaremos con excusas y sin una voluntad política real. Hace pocos días el Diario Oficial de la Generalitat publicaba la convocatoria de subvenciones y proyectos con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2018 ¿Por qué se esperó a julio de 2019 si estos recursos fueron transferidos en octubre de 2018?¿La lucha contra la violencia de género es realmente una prioridad? No lo parece.