El expresidente Jordi Pujol esgrime el referente de la ciudad chilena de Valparaíso , mientras que Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, se hace eco de las condenas judiciales a los impulsores de un referéndum de autodeterminación en el Camerún anglófono.

En un artículo publicado en su web, associacioserviol.cat, Pujol sugiere una salida al proceso citando el caso de Valparaíso porque, según argumenta, allí se pide descentralización aunque sea la sede del senado sin ser la capital. Sin embargo, el histórico líder convergente ha rechazado el planteamiento del exdiputado Ramón Tamames, para quien el encaje de Cataluña se resolvería trasladando a Barcelona el Senado y uno o dos ministerios.

Pujol sostiene que el debate no va de poder económico y administrativo, sino del "reconocimiento de una realidad con conciencia colectiva, y con memoria histórica, y con una lengua y una cultura y sobre todo con un proyecto colectivo propio". Pero lo que sorprende más de su descripción es: "Y con voluntad de encaje efectivo en el marco español y europeo".

A la vez, la cuenta de Twitter del historiador Alay sigue siendo un pozo de paralelismos entre la causa y las circunstancias del independentismo catalán y los de otros movimientos secesionistas de todo el planeta, algunos de lo más remotos.

Últimamente, además de hacerse eco del pulso entre los independentistas de Papúa Occidental y el gobierno de Indonesia y de la alta tensión en Hong Kong, ha retuiteado la denuncia de Human Rights Watch (HRW) contra la condena de dirigentes políticos de Ambazonia, región anglòfona del sur de Camerún.

"Camerún, África. El 1 Octubre 2017, la región anglòfona de Ambazonia declaró unilateralmente la independencia. Ahora su presidente Sisiku Ayuk Tabe y 9 de sus ministros han sido condenados a cadena perpetua por un tribunal camerunés", relata Alay sobre una sentencia que HRW cuestiona que se haya dictado a partir de un juicio justo.

Esta organización, por cierto, criticó que la policía española no haya recibido condenas por usar "la fuerza de manera excesiva" el 1-O, pero más allá de aquellos hechos, no detectó en la situación de Cataluña dentro de España un problema de derechos humanos, sino un "asunto político".