El fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, ha expuesto este lunes una dura crítica a los organismos públicos que tendrían que haber impedido el desbarajuste del Palau de la Música catalana. Según sus palabras: «una fotografía social demoledora».
En su informe final ha sido particularmente contundente su descripción del contexto en el que Fèlix Millet y Jordi Montull saquearon la institución, señalando «un círculo sociopolítico muy determinado con una dinámica complaciente donde parece ser, y es muy triste, que la bandera justifica cualquier atropello a la cartera«.
De los organismos que supuestamente velaban por la gestión del Palau el fiscal ha dicho que han hecho un «patético papel», puesto que «no fueron capaces de ver nada, como cantidades importantes de dinero».
Sánchez Ulled ha destacado que, paradójicamente, el juicio ha tenido lugar «dentro del objeto del delito», refiriéndose en la Ciutat de la Justicia, porque la adjudicación de las obras para levantarla es una de las sospechosas en este asunto de presunta financiación irregular de CiU.
Asimismo, se ha referido a declaraciones en sede judicial que considera que ponen de manifiesto «la prepotencia de gente que se creía intocable, algo que estremece».
