La titular del juzgado de instrucción número 2 de la Seu d'Urgell decidirá si archiva la causa o envía a juicio al ex el exalcalde de la Seu, Albert Batalla, al expresidente del Consejo Comarcal del Alt Urgell y exregidor de Urbanismo, Jesús Fierro y al secretario del ayuntamiento, Ramon Miñambres, acusados de presuntas irregularidades urbanísticas.

Durante dos horas de declaraciones este miércoles ante la jueza, los tres investigados acompañados de su abogado Jordi Pina (letrado de los dirigentes independentistas Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull a la causa del proceso soberanista) han defendido su inocencia por los supuestos delitos de prevaricación, malversación contra la administración pública, fraude contractual, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Con todo, Batalla arremetiendo contra la actuación de la guardia civil durante los registros practicados el 28 de marzo del año pasado "entrando al ayuntamiento con pasamontañas y metralletas" ha sostenido la correcta actuación tanto de los "técnicos como de los políticos" con relación a la recalificación de un terreno de este municipio considerado como protegido.

Unas irregularidades en materia urbanística que, supuestamente, se habrían cometido en la zona de la Baixada del Molí. En este lugar se construyeron unos chalés, justo ante el parque del Segre, que actualmente están ocupados por algunas personas vinculadas a la empresa constructora y en uno de los cuales también vive el actual alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega.

Esta pieza forma parte de la causa general abierta, que todavía se mantiene bajo secreto de sumario, en la cual aparecen como investigados, además de Albert Batalla y de Jesús Fierro, la exgerent del Consejo Comarcal, Sara Camps, y el actual primera teniente de alcalde y concejal de Desarrollo local, Ocupación y Transparencia, Mireia Font.

Todos ellos están siendo inspeccionados judicialmente a raíz de una querella presentada por la Fiscalía, después de recibir una denuncia y por la cual investigó el caso durante seis meses. El mismo día de la presentación de la demanda se solicitó y acordó la entrada y el registro al Ayuntamiento de la Seu y al Consejo Comarcal del Alt Urgell.