La consejera de Cultura, Laura Borràs, ha negado que la Institución de las Letras Catalanas (ILC) fragmentara tres contratos en beneficio de un colaborador suyo en varios másteres, esgrimiendo el hecho que aquellos contratos corresponden a ejercicios diferentes y tenían objetos "perfectamente diferenciados". Además, ha indicado que solicitaron en cada uno de estos casos tres presupuestos "no preceptivos pero recomendados" para negar que fueran asignaciones "a dedo", y ha manifestado que no puede "convertir un contrato menor en uno mayor".
Durante su intervención en la comisión parlamentaria de cultura, Borràs también ha denunciado que es la víctima de un "linchamiento mediático" que ha atribuido a "opinadores desinformados o informados pero malèvols", y ha reprochado a algunos medios periodísticos -que no ha citado- "una retahíla de noticias falsas", la publicación basada en "prejuicios" y "la voluntad de hacer daño". Incluso ha rechazado el uso de expresiones como "contrato a dedo" (en vez de "discrecional") y "colaborador", que encuentra que se han usado para incriminarla.
En cuanto al consejero de Interior, Miquel Buch, y a la comunicación de información privilegiada sobre la investigación que había dado a entender durante una entrevista, Borràs ha reconocido que "no me expliqué bastante bien" y ha reafirmado la su explicación, según la cual "Buch me dijo lo único que me podía decir", que los Mossos actuaban como policía judicial y había secreto de sumario.
La consejera ha reiterado que no ha recibido ninguna notificación de la investigación judicial que afecta determinados contratos de su etapa en la ILC. Sobre Isaías Herrero, el colaborador de Borràs adjudicatario de los contratos bajo sospecha, ha explicado que sólo tiene una relación profesional con él y que la vida privada de sus colaboradores "no es de mi incumbencia".
