Joan Laporta sigue sin encontrar ni generar la confianza suficiente para que alguien le aporte el aval que necesita en el caso de salir ganador de las elecciones al FC Barcelona. Por ahora, ni siquiera quienes le prometieron dárselo acaban de considerar que posee el suficiente crédito en la gestión como para arriesgarse a darle un aval que, desde luego, es de máximo riesgo.
Según va explicando el propio Joan Laporta, sin embargo, cree haber encontrado una media solución gracias a su vieja relación con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el organismo ante el cual el candidato ganador de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona debe presentar el aval correspondiente.
Tebas será, finalmente, quien lo analice y estudie antes de dar por buena esta garantía explícitamente requerida por la ley.
Cabe preguntarse, si como va explicando Laporta, Javier Tebas le permitirá -siempre en el caso de que gane- prestar un primer aval no por el total de la cuantía exigida de 124,6 millones, sino por una primera cantidad bastante inferior a la necesaria a la espera de que con el paso del mandato pueda ir ganándose el favor de determinadas entidades financieras.
Desde luego sería una farsa electoral grave, un incumplimiento flagrante de la normativa, una burla a la ley y un fraude que en teoría no debería producirse, mucho menos por parte de quien gobierna y debe hacer cumplir la ley a los clubs de fútbol como es la LFP.
Sucede, sin embargo, que esta infracción ya ha ocurrido con estos mismos protagonistas, Javier Tebas y Joan Laporta, cuando tomó posesión del cargo en 2003, un momento de la historia en la que Tebas actuó perversamente a favor de los intereses personales suyos y de Joan Laporta, siendo por aquel entonces vicepresidente de la LFP. Tebas se estaba preparando el terreno para asaltar la presidencia.
El final de la historia fue que en 2003 Laporta tomó posesión de la presidencia sin el requisito legal de presentar un aval por el 15% del presupuesto de la temporada 2002-03 como le correspondía hacer a la candidatura ganadora de las elecciones celebradas el 15 de junio de 2003.
De acuerdo con los estatutos y la famosa disposición séptima de la Ley del Deporte de 1992, los clubs que no eran sociedades anónimas como el FC Barcelona debían presentar, por parte de las juntas directivas, un aval solidario y mancomunado por el 15% del presupuesto ordinario de gastos de la temporada en curso. En junio de 2003, Joan Laporta disponía de 10 días después del 15 de junio para presentarlo.
Al límite del día 25 de junio el aval correspondiente no fue presentado. En su lugar se presentó un aval con fecha de inicio del 1 de julio de 2003, correspondiente a la temporada 2003-04, en ningún caso válido para tomar posesión el día 22 de junio. Los estatutos del FC Barcelona, además, eran muy claros al respecto y, de hecho, un juez reconoció que desde el 15 al 30 de junio Laporta había cumplido uno de los cuatro años del mandato por el que salió elegido.
La operativa para burlar la ley fue el modo en que Javier Tebas certificó al FC Barcelona la recepción de un aval en fecha previa al 25 de junio pero sin especificar la fecha real de la cobertura a partir del 1 de julio, es decir para la temporada siguiente.
En la sesión de traspaso de poderes por parte de la Comisión Gestora todos los implicados miraron a otro lado en ausencia del secretario y vicesecretario de la Gestora, casualmente ausentes ese día, tapando una irregularidad que de haberse destapado hubiera cambiado la historia del club.
Javier Tebas actuó desde la opacidad y la ilegalidad con tal de hacerle un favor a Joan Laporta que seguramente luego se cobró.
¿Se atreverá a hacerlo otra vez? Laporta afirma que sí porque desde su punto de vista, y los hechos lo corroboran, la ley está para saltársela.
