El departamento de Presidencia de la Generalitat ha aprobado, este mes de octubre, entregar 914.026 euros a Acció Cultural del País Valencià (ACPV). La parte más grande de esta partida corresponde a la hipoteca que asume el gobierno catalán por el edificio que compró ACPV en 2004 en el centro de Valencia. Hace dieciséis años, pues, que la Generalitat paga una hipoteca que bordea los 650.000 euros. Este año, la concesión del dinero se hizo por un acuerdo del 6 de octubre y fue de 649.206 euros.
El Registro de Ayudas y Subvenciones de Catalunya (RAISC) justifica este gasto como "subvención a Acció Cultural del País Valencià y la Institució Joan Fuster para la financiación de la cuota del préstamo hipotecario derivado de la compra y adecuación del edificio El Siglo, correspondiente al año 2020".
La otra partida que acaba de aprobar el gobierno de la Generalitat a favor de ACPV es de 265.000 euros y se justifica como "financiación de las actividades de la asociación durante 2020". La entidad cultural valenciana tiene hasta el 31 de marzo del año próximo para justificar como se ha gastado este dinero.
La sede de la ACPV que cuesta este dinero al erario público catalán está situada en el edificio que se conocía como El Siglo, en la calle San Ferran 12, de la capital valenciana, y que ahora es el Octubre Centre de Cultura Contemporània. Las ayudas de la Generalitat a Acció Cultural del País Valencià se empezaron a conceder cuando Jordi Pujol presidía el gobierno catalán y Eliseu Climent la entidad valenciana. El primer presidente del ACPV fue Joan Fuster y después se han sucedido al frente de la entidad Eliseu Climent, Joan Francesc Mira y Anna Oliver, que asumió el cargo el pasado mes de marzo.
Acció Cultural del País Valencià mantiene unas relaciones sólidas con Òmnium Cultural, a quien da apoyo en el giro que ha dado en los últimos años al poner la consecución de la independencia de Catalunya como objetivo prioritario. ACPV participó, por ejemplo, en la manifestación convocada en Madrid por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, el 16 de marzo del año pasado, como conclusión de la campaña "La autodeterminación no es un delito, es un derecho", y convocó concentraciones en la comunidad valenciana para protestar, en octubre del año pasado, contra la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio por el referéndum del 1 de octubre de 2017.
En marzo de 2019, Ciudadanos puso en conocimiento de la Fiscalía Superior de Catalunya que el gobierno de la Generalitat había pagado en los diez años anteriores un total de 6,6 millones por la hipoteca del edificio que ocupa Acció Cultural del País Valencià. Un año y medio después la Fiscalía no ha puesto ninguna traba al pago de esta hipoteca por parte de la Generalitat catalana y Presidencia continúa con los pagos anuales.
