Los cuatro altos cargos del Departamento de Salud de la Generalitat investigados por el retraso en la vacunación contra la covid-19 a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han atribuido este hecho, en sede judicial, a un retraso en el envío del censo de agentes.
Carmen Cabezas, subdirectora de Promoción de la Salud en el momento de los hechos investigados y ahora es secretaria de Salud Pública, Sara Manjón, directora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut, Xavier Rodríguez, director de Servicios del Departamento, y Adrià Comella, director del CatSalut, no han aclarado este viernes quién fue el responsable de ralentizar el ritmo de vacunación y de priorizar a los agentes de los Mossos d’Esquadra y de las policías locales en la administración de las dosis.
Estos altos cargos, investigados por el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y contra los derechos laborales, a raíz de las denuncias presentadas por los sindicatos policiales Jucil y Jupol, en cambio, han coincidido en señalar que el retraso en la recepción del censo de guardias civiles y policías, y la decisión de destinar la vacuna de AstraZeneca sólo a los menores de 60 años, causaron el retraso en la vacunación de los agentes, según han explicado los sindicatos denunciantes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) concluyó el pasado mes de diciembre que Salud retrasó injustificadamente la vacunación de esosagentes, dando prioridad a los mossos y los policías locales, y el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Generalitat contra aquella sentencia, que destacó que policías nacionales y guardias civiles no recibieron la vacuna hasta el 12 de marzo del 2021, mientras que mossos y agentes locales habían empezado a recibirla el 10 de febrero.
