La Generalitat de Cataluña iniciará una prueba piloto para desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra en centros educativos para realizar tareas de prevención y acompañamiento, según ha avanzado El País. Los policías irán de paisano y así se impulsará la figura de los agentes integrados como referentes en los centros.
Según el Departamento de Educación, el proyecto nace del incremento de la complejidad y la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa, una demanda que, según asegura esta consejería, ha sido «fuertemente reclamada desde el mundo docente«.
La prueba piloto se desarrollará en las zonas educativas de L’Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Vall d’Aran y Tàrrega, y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell.
El departamento que encabeza la consejera Esther Niubó argumenta que, según la OCDE, uno de cada dos países desarrollados cuentan con programas similares de colaboración entre escuela y agentes de la autoridad con fines preventivos y comunitarios. Y añade que, a escala española, hay hasta nueve comunidades autónomas que disponen de proyectos de estas características, entre las que se figuran Galicia, Navarra, Andalucía, Madrid y las Islas Baleares.
Clamor de los sindicatos contra la medida
Los sindicatos CGT, USTEC y Professors de Secundària han rechazado frontalmente la prueba piloto del Gobierno catalán para desplegar mossos de paisano en los centros educativos, advirtiendo de los efectos negativos que puede tener sobre el alumnado. Desde la CGT han alertado que «la presencia policial en las escuelas no aumenta la seguridad y tiende a criminalizar al alumnado más vulnerable«, avisando de que puede generar «desconfianza y estigmatización», deteriorar el clima escolar y «enquistar» conflictos.
Este sindicato, además, considera «especialmente grave» que se hayan elegido centros de máxima complejidad para desplegar la medida, hecho que evidencia que este alumnado «se percibe como una amenaza». También ha criticado las similitudes con el «fracasado» modelo norteamericano y ha exigido más recursos, ratios reducidas, apoyo social y psicológico y un modelo de convivencia basado en el diálogo y la restauración.
“Cataluña no necesita importar un modelo que ha fracasado. Necesita escuchar a quien cada día está en las aulas: el profesorado, el equipo directivo, las educadoras sociales y los profesionales de la orientación”, ha apuntado la CGT, que concluye que «ninguna de estas demandas se resuelve con policías de paisano».
La CGT, USTEC y Professors de Secundària niegan haber pedido policía en los centros y reclaman a Educación que escuche las peticiones de los docentes.
En la misma línea, la USTEC ha avisado de que los problemas de convivencia no se resuelven con policía y ha pedido a Educación que retire esta medida y ponga recursos como por ejemplo el despliegue del Plan de Convivencia, una apuesta seria por la educación inclusiva y un refuerzo de plantillas docentes y de Personal de Atención Educativa.
“El departamento responde con una lógica policial a un problema educativo y social que hace años que la comunidad educativa denuncia”, ha criticado el sindicato, que remarca que la presencia de mossos de paisano “no aborda las causas de fondos de la conflictividad y desvía el debate de los recursos que realmente necesitan los centros”.
En este sentido, la USTEC considera que el departamento parte de una premisa equivocada”, puesto que “trata como un problema principalmente de seguridad aquello que es, sobre todo, un problema educativo, social y de infrafinanciación”, y ha rechazado la normalización de la presencia policial en los centros. “Los cuerpos armados no son una herramienta educativa, y convertirlos en una figura estable dentro de los centros es un paso en la mala dirección”, ha remachado el sindicato.
Para Professors de Secundària, esta prueba piloto es una muestra de «que estamos tocando fondo».
Por su parte, desde Professors de Secundària también consideran que la solución no es poner policía en los centros, sino “garantizar el respeto hacia el profesorado y su autoridad”, y apuntan que si Educación ha decidido llevar a cabo una «medida extrema» como desplegar la policía en las aulas, «es que se reconoce que estamos tocando fondo«.
“Lo más importante para nosotros es que el Departamento de Educación y los equipos directivos de los centros den la cara por el profesorado y se personen como acusaciones en casos penales”, indica el sindicato, que subraya que “la autoridad en el aula tiene que ser la del docente, no la de la policía”.
