Dos de los cinco empresarios tecnológicos supuestamente espiados con los programas Pegasus y Candiru han ratificado este miércoles ante una magistrada de Barcelona la querella que presentaron contra el fabricante de este software, el CNI y la Guardia Civil. Los querellantes aportarán sus dispositivos electrónicos para que los Mossos d’Esquadra hagan un análisis pericial forense.
Además, la magistrada ha pedido a la Audiencia Nacional que le envíe los autos que autorizaron el espionaje, para determinar si encajan las fechas, motivos y ámbitos por los que fueron vigilados. Finalmente, la magistrada ha pedido la traducción de la querella al francés y el hebreo para notificarla a los directivos de NSO Group y Candiru en Luxemburgo e Israel.
Anulada la investigación a Azón
Hace unos días, como había pedido la Fiscalía, la magistrada anuló la investigación contra Félix Vicente Azón, exdirector general de la Guardia Civil y actualmente magistrado de la sala de lo social del Supremo, condición que lo hace aforado en este mismo tribunal. Azón dirigió la Guardia Civil de 2018 a 2020, y su sucesora de 2020 a 2023, María Gámez, también está investigada en esta causa. El mismo expediente investiga a la exdirectora del CNI Paz Esteban, ya investigada por otros juzgados por el espionaje a independentistas, así como cinco directivos o exdirectivos de la empresa israelí NSO, creadora de Pegasus, y de Candiru, otro software espía israelí. Es la primera vez que la justicia española investiga a exresponsables de la Guardia Civil por este tipo de espionaje.
Dos de los cinco querellantes, Joan Arús y Jordi Baylina, han declarado este miércoles, y los otros tres, Joan Matamala, Pau Escrich y Xavier Vives, lo harán el lunes. Comparten el perfil profesional de empresarios y desarrolladores de protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital anónima e identidad digital soberana. Sentinel Alliance sostiene que el espionaje fue dirigido contra los querellantes por su actividad profesional.
Amenaza para la seguridad nacional
La querella documenta que las autoridades españolas alegaron el desarrollo de las herramientas de voto digital de código abierto de los querellantes como justificación del espionaje: consideraron que el uso potencial futuro de estas herramientas por terceros constituía una amenaza a la seguridad nacional. Ninguno de los querellantes fue nunca investigado en ningún procedimiento penal y, por tanto, en ningún momento tuvieron posibilidad de defenderse. Las investigaciones que les afectaban fueron archivadas sin cargos. El Gobierno d’Espanya, por su parte, no ha reconocido nunca la adquisición ni el uso de este software.
Durante dos años, desde 2019, sus dispositivos sufrieron la intrusión de Pegasus y Candiru, software espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, ficheros y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara. Citizen Lab documentó al menos 78 ataques contra los querellantes y su entorno, incluyendo familiares. Entre las personas de su entorno directo que fueron espiadas figura Elías Campo, asesor de los querellantes y autor del informe de CitizenLab sobre el denominado Catalangate.
