La jueza de Barcelona ha detenido el desahucio del vecino del bloque Sant Agustí de Barcelona que debía ejecutarse el 25 de marzo y que no se pudo hacer por la oposición de más de 500 personas que se concentraron frente al edificio e impidieron el paso a la comitiva judicial.
A raíz de aquellos hechos, y a petición de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la propiedad pidió un aplazamiento del lanzamiento -cuyo segundo intento debía producirse hoy- y abrió un proceso de mediación.
En paralelo, entidades vecinales habían recurrido contra la decisión judicial del mismo desahucio ante la Audiencia de Barcelona, y ahora la jueza instructora decide detener el lanzamiento hasta que se resuelva este recurso.
En la resolución, a la que ha tenido acceso la ACN, la jueza recuerda que se autorizó el desahucio porque el contrato de alquiler se había extinguido, pero añade que, dado que se presentó recurso en la Audiencia de Barcelona, se obligó al vecino a seguir pagando el alquiler hasta que se resolviera.
En este escenario es «incongruente» ejecutar el desahucio, por lo que, la jueza decide aplazarlo hasta que la Audiencia Provincial de Barcelona resuelva la apelación.
El Sindicato de Inquilinos y el Sindicato de Vivienda de Gracia han reaccionado al nuevo capítulo judicial subrayando que «no basta con suspensiones y aplazamientos», sino que «es necesaria una solución para todos los vecinos» del Bloc Sant Agustí y de los otros bloques «afectados por las prácticas especulativas» de la propiedad, la empresa New Amsterdam Developers.
«La salida a este conflicto debe pasar por la renovación de los contratos de alquiler, a precios regulados, y la transformación de todos los coalojamientos (los llamados ‘colivings’) en pisos de alquiler habitual», afirman las dos entidades en un comunicado.
Sanción
La Generalitat ha iniciado un expediente sancionador contra New Amsterdam Developers por incumplimiento de la normativa. En estos momentos la Generalidad tiene abiertos cuatro expedientes, dos graves y los otros dos muy graves.
Según el régimen sancionador, si se confirmara el incumplimiento de la normativa, implicaría una multa de hasta 90.000 euros para cada una de las viviendas.
