El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido este martes en el Congreso de que hay «ciudadanos que no encuentran respuesta ni vías para defender sus derechos», al presentar el informe anual correspondiente a 2025. El documento recoge un total de 38.144 quejas, 3.742 más que el año anterior, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a los servicios públicos y la lentitud administrativa.
El incremento de reclamaciones se concentra sobre todo en ámbitos como la sanidad, la justicia, la Seguridad Social, el empleo y las políticas sociales, que siguen siendo los principales focos de conflicto entre ciudadanía y administraciones.
Más allá de las cifras, Gabilondo ha puesto el acento en el diagnóstico de fondo: una parte creciente de la población percibe que la administración es lenta, compleja y poco accesible. El informe apunta que muchas quejas no responden a situaciones excepcionales, sino a problemas estructurales en la prestación de servicios básicos.
En este sentido, el Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta institucional, especialmente en ámbitos sensibles como las listas de espera sanitarias, la tramitación de prestaciones o el acceso a la justicia, donde se detectan retrasos crónicos.
Cataluña, entre los territorios con más quejas
Cataluña vuelve a situarse entre las comunidades con mayor volumen de reclamaciones, con 3.702 quejas registradas, sólo por detrás de Madrid y Andalucía.
Este peso se explica en parte por la dimensión demográfica, pero también refleja problemáticas específicas vinculadas a derechos sociales y servicios públicos, especialmente en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la atención a la dependencia.
En paralelo, informes recientes de instituciones catalanas apuntan en la misma dirección, con un deterioro de los servicios y listas de espera crecientes en ámbitos sociales y sanitarios, lo que refuerza el diagnóstico del Defensor del Pueblo a nivel estatal.
Derechos sociales y desigualdades, en el centro
Una parte significativa de las quejas tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad, como dificultades para acceder a prestaciones, problemas con la vivienda o trabas administrativas para colectivos vulnerables.
El Defensor del Pueblo también señala la necesidad de reforzar la protección en ámbitos como las migraciones, la discapacidad o las personas mayores, donde se detectan carencias recurrentes. El informe evidencia que las desigualdades sociales se traducen a menudo en una mayor indefensión ante la administración.
Más actividad institucional
Durante 2025, la institución ha tramitado 38.762 expedientes y ha emitido más de 2.000 resoluciones dirigidas a las administraciones, incluyendo recomendaciones, sugerencias y advertencias legales.
Además, ha impulsado actuaciones de oficio y ha planteado recursos ante el Tribunal Constitucional, consolidando su papel como órgano de supervisión y garantía de derechos dentro del sistema institucional.
Una advertencia con lectura política
El informe no solo ofrece una fotografía administrativa, sino también una alerta política: la distancia entre ciudadanía e instituciones se mantiene —y en algunos casos se amplía.
El mensaje de Gabilondo apunta directamente a la necesidad de reformas que hagan la administración más ágil, más accesible y más empática, en un momento en que la presión sobre los servicios públicos sigue creciendo.
