El Gobierno de España ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que intensifique la vigilancia sobre las empresas energéticas a raíz del conflicto en Oriente Próximo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que se ha solicitado «máxima supervisión» para analizar la evolución de los mercados mayoristas y el impacto en los precios minoristas de la electricidad y de los productos petrolíferos. Sin embargo, ha remarcado que la situación es «muy diferente» de la crisis energética de 2022 y que «no estamos en una fase de tomar medidas«.
Aagesen ha insistido en que la intensidad del impacto dependerá de la duración de la escalada y de cómo afecte a las infraestructuras energéticas, y ha defendido que ahora hay que «priorizar la tranquilidad«. Ha recordado que el ejecutivo dispone del «abanico de actuaciones» utilizado durante la guerra de Ucrania —como rebajas fiscales, bonificaciones al combustible y ayudas a grandes consumidoras de energía—, pero ha subrayado que «todavía es muy precipitado» activarlas. También ha remarcado que ni la Comisión Europea ni la Agencia Internacional de la Energía han planteado medidas extraordinarias ni la liberación de reservas estratégicas.
Sobre la amenaza del presidente norteamericano Donald Trump de suspender el comercio con España por la negativa a ceder el uso de las bases de Morón y Rota, Aagesen ha sido tajante: «Cualquier amenaza en España es una amenaza a la UE en su conjunto«. La vicepresidenta tercera se ha mostrado convencida de que los Estados Unidos no adoptarán medidas unilaterales «en contra de España».
