El informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en distintos países del mundo recrimina a España la falta de investigación de las vulneraciones de derechos humanos, citando los casos de infiltraciones policiales en movimientos sociales, el espionaje con Pegasus y la muerte de 37 personas en la valla de Melilla. El documento recuerda, un año más, que «continúan sin investigarse efectivamente las muertes y otras violaciones de derechos humanos cometidas en residencias para gente mayor durante la pandemia», excepto en «algunos casos excepcionales».
El escrito de la organización destaca, en relación con la libertad de asociación y de reunión, que «no se abrieron investigaciones a raíz de la información publicada en medios de comunicación sobre agentes de policía de incógnito que se habían infiltrado en movimientos sociales empleando relaciones íntimas y sexuales como tapadera». «El Ministerio del Interior argumentó que estas operaciones eran actividades de inteligencia autorizadas por el gobierno y que permanecían clasificadas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales», añade el informe.
Amnistia también lamenta que durante 2023, «las autoridades siguieron utilizando indebidamente la Ley de Seguridad Pública para limitar en exceso la libertad de expresión de manifestantes y periodistas», y señala la imposición de multas «por faltas administrativas de imprecisa definición como «falta de respeto»» o ««desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes»». Expresa, por otro lado, su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, y recuerda que todavía no se ha acusado a nadie por la muerte de un hombre en Barcelona en noviembre de 2021, a quien los Mossos dispararon varias descargas eléctricas cuando ya estaba inmovilizado.
El caso Pegasus
La organización considera el espionaje con Pegasus una vulneración del derecho a la privacidad, y destaca que «no ha habido adelantos en la investigación de al menos trece demandas por el uso de software espía presentadas ante varios tribunales españoles». Lamenta, además, que en julio pasado, la Audiencia Nacional «cerró provisionalmente la investigación» contra el presidente del gobierno central, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.
Las muertes en la valla de Melilla
El informe de Amnistía recuerda que el pasado julio, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades españolas a hacer una «investigación exhaustiva e independiente» sobre «la fuerza ilegítima empleada por la policía en junio de 2022 al reprimir a una multitud que intentaba buscar protección en Melilla», operación en la cual murieron al menos 37 personas a la vez que centenares fueron expulsadas ilegalmente. Sin embargo, «la Fiscalía General cerró la investigación sobre los hechos en diciembre de 2022 argumentando que los agentes de policía habían actuado conforme a la legislación nacional».
La organización lamenta que nadie pudo cruzar la frontera de Melilla para solicitar asilo en 2023, y señala la «falta de acceso a un procedimiento ágil y efectivo de asilo» en toda España, como ya indicó en 2022 la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa. Además, subraya que los menores no acompañados que llegaron a las Islas Canarias el año pasado «eran detenidos junto a personas adultas y no recibían suficiente protección».
