El informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo señala, un año más, a Andorra. El país de los Pirineos suspende nuevamente a causa de la penalización del aborto, incluso en casos de violaciones a menores, y también por vulnerar la libertad de expresión y discriminar con motivo de la religión.
En relación con los derechos sexuales y reproductivos, el informe de Amnistía Internacional destaca que «continúa en vigor la prohibición total del aborto» y explica que las mujeres que necesitan llevar a cabo esta práctica «tienen que viajar a otros países para recibir asistencia médica esencial», hecho que «vulnera sus derechos y les causa sufrimiento adicional». «En septiembre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió a las autoridades que despenalizaran el aborto y garantizaran el acceso de las adolescentes a un aborto sin riesgos y a servicios de atención posterior al aborto en Andorra», recuerda la organización, petición que el país no ha cumplido.
En cuanto a la libertad de expresión, el documento destaca que, «en contravención del derecho internacional de los derechos humanos, seguía en vigor la legislación sobre difamación que penalizaba la crítica legítima a las autoridades«. En este sentido, la organización señala el juicio a la activista y presidenta de la asociación feminista Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, por un delito contra el prestigio de las instituciones a raíz de su intervención, en 2019, en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por las siglas en inglés).
Con motivo de este proceso judicial, recuerda Amnistía, el informe anual del secretario general de la ONU, publicado el pasado mes de octubre, «incluía a Andorra en una lista de 40 países del mundo en los cuales se tomaban represalias contra particulares y organizaciones por cooperar con la ONU».
El documento de la organización sobre la situación de los derechos humanos en Andorra también hace referencia a la «discriminación» que hay en el país a causa de la legislación -todavía en vigor- que prohíbe la ostentación de símbolos religiosos en instituciones educativas. Esta norma, afirma Amnistía Internacional, «discrimina especialmente a las mujeres y niñas musulmanas que desean llevar hiyab».
