El Gobierno de la Generalitat ha decidido añadir 131 municipios a la lista de zonas tensionadas donde se podrá limitar el precio del alquiler, según ha anunciado este lunes la consejera de Territorio, Ester Capella, desde el Valle de Aran. El departamento ha iniciado los trámites para añadir estas localidades -entre las cuales están Vielha, Cadaqués, Begur, Besalú o Altafulla, entre otras- a las 140 zonas tensas ya en vigor. Así, en total, Cataluña contará con 271 localidades donde se podrá aplicar el tope de los alquileres, una medida que cubrirá una zona donde viven más de 7 millones de personas, el 90% de la población.
La ampliación afecta a los municipios de más de 2.000 habitantes, que no forman parte de los 140 ya declarados, y que cumplen alguno de los requisitos que marca la ley estatal por el derecho a la vivienda: que las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos; y que el precio de alquiler o de compra de las viviendas haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC). Capella ha dicho que continuarán trabajando «intensamente» para «embridar el mercado» y hacer que los precios «no suban».
La consejera ha explicado que esta ampliación, que se produce justo un mes después de que haya entrado el vigor en Cataluña la aplicación del tope del precio del alquiler en 140 municipios, responde a los cambios que se han producido en el mercado de la vivienda estos últimos meses. El incremento generalizado del coste de la vivienda de los últimos años en Cataluña, casi siempre muy por encima de los ingresos de los hogares, y la tendencia alcista del precio del alquiler, a pesar de la reciente aplicación de la contención de rentas, ha hecho necesaria la revisión de los criterios empleados en la identificación de los municipios declarados como zona de mercado residencial tensado.
Por lo tanto, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de aquel contrato. En caso de tratarse de un gran tenedor -la persona física y jurídica propietaria de cinco o más inmuebles urbanos ubicados a las zonas de mercado residencial tensionado–, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio del alquiler.
La tramitación que ahora empieza seguirá el mismo procedimiento que la primera declaración: se abre un periodo de información pública de veinte días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado, se analizarán y se responderán y la resolución final se notificará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que la publique y pueda entrar en vigor. Capella confía en que esta medida, que responde a los cambios del mercado de la vivienda y a la tendencia alcista del precio del alquiler experimentado los últimos meses, sea efectiva este mes de julio.
