PSOE, ERC y Junts han firmado un acuerdo sobre la ley de amnistía que se hará realidad este jueves en la votación del dictamen a la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. El acuerdo, del que todavía no han transcendido los detalles, implica previsiblemente un nuevo redactado en las exclusiones, de forma que se puedan acoger a la norma los investigados relacionados con el procés por supuestos delitos de terrorismo.
También avanzaría la fecha de aplicación de la norma para que se pueda aplicar para los encausados e investigados desde noviembre del 2011 (hasta ahora era el enero del 2012) hasta el 13 de noviembre de 2023. Además, el acuerdo supondrá que la Generalitat podrá devolver las multas que se impusieron durante el procés en aplicación de la ley mordaza.
En un comunicado firmado por los tres grupos, el PSOE, ERC y Junts anuncian que «después de días de trabajo conjunto» y «teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia», las tres formaciones «han llegado a un acuerdo» mediante una «transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantienen vivas» para «reforzar la ley de amnistía».
El comunicado recuerda que la ley »cubre todas las personas vinculadas al procés independentista» y es «plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea, y los mejores estándares europeos e internacionales».
Según explican, el contenido íntegro de la transacción «se dará a conocer mañana, antes de la comisión de Justicia del Congreso».
A falta de conocer los detalles, fuentes parlamentarias apuntan que la transaccional eliminaría las referencias de la ley al Código Penal español como fuente de definición del terrorismo, y deja solo la tipificación que hacen los convenios internacionales. Diferenciaría así entre lo que considera como terrorismo el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y lo que se entendería que es terrorismo según los convenios.
El objetivo –en la línea de lo que ha apuntado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y pedían ERC y Junts- es dar garantías que el texto incluirá a los investigados del Tsunami Democràtic como Carles Puigdemont i Marta Rovira.
El entendimiento también modificaría otros apartados de la norma, como una rebaja del umbral de gravedad para que menos policías acusados de torturas no se puedan acoger a la amnistía. Además, redefine el artículo 1 quién se puede beneficiar de la amnistía –tal como pedía la Comisión de Venecia- para evitar que se puedan acoger casos de corrupción.
El acuerdo entre el PSOE, ERC y Junts implica que este jueves las tres formaciones –junto con el resto de grupos que apoyan a la ley- aprobarán el dictamen en comisión y no dejarán ninguna enmienda viva para el pleno de la semana que viene.
«Estamos a pocas horas. Creo que conseguiremos un acuerdo para sacar adelante una ley trascendente para la democracia que dejará atrás las consecuencias judiciales de la crisis territorial en Cataluña», ha dicho Sánchez.
En este marco, ha recordado que el informe de la Comisión de Venecia decía que las leyes de amnistía sirven por reconciliación. «Y esto es lo que busca el gobierno de España. Reconciliación entre catalanes y entre catalanes y los hermanos que viven en otros territorios».
Según Sánchez, el Proyecto de ley «entró en las Cortes constitucional y alineado con el derecho europeo, y saldrá igual».
El acuerdo sobre la ley de amnistía tiene que dar paso a la siguiente meta volante del gobierno español en esta legislatura: la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el 2024. Los socialistas necesitarán de nuevo el ‘sí’ de todas las formaciones que permitieron la investidura, incluidos ERC y Junts.
