Gonzalo Boye, el abogado de Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha pedido a la justicia que investigue la filtración por parte del juzgado de datos del teléfono móvil del exdirigente de CDC Víctor Terradellas a medios de comunicación, relativos a investigación en el propio juzgado sobre lo que se conoce como la trama rusa vinculada al procés.
Según el escrito, al que ha tenido acceso la ACN, los contactos y conversaciones de Terradellas con personas cercanas al Kremlin empezaron a publicarse cuando el teléfono lo tenían la Guardia Civil y la Policía Nacional por un caso de supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, la operación Estela, de la Policía Nacional, en mayo de 2018.
En el escrito presentado en el juzgado, se asegura, a partir de varios indicios informáticos, que una copia exacta de los datos extraídos del móvil por parte de la Policía Nacional fue «proporcionada por el juzgado a terceros no relacionados con el caso» el marzo de 2021. Estos terceros analizaron la información y un consorcio internacional de periodistas publicó en mayo de 2022 noticias basadas en esta información, «ofreciendo, además, su propia interpretación de los datos».
El escrito de Boye es muy duro con la instrucción judicial e incluye como anexo varias de las noticias publicadas a partir de la información extraída del móvil de Terradellas, pidiendo al juzgado decano de Barcelona que encargue a otro juzgado de instrucción que no sea el número 1 que investigue los hechos.
