En su apogeo y plenitud en el poder, cuando Francisco Franco se veía acorralado por la prensa internacional que denunciaba las atrocidades de su dictadura, como la censura informativa, cultural y educativa, las torturas, la pena de muerte, el nepotismo, las oligarquías, el pensamiento único y la ausencia de cualquier paradigma democrático, se defendía públicamente con un discurso sobre conspiraciones judeomasónicas que intentaban destruir la unidad de la patria amenazando gravemente la paz y la estabilidad social. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no actúa de muy distinta forma cuando no le gusta lo que lee, cuando la crítica sube de tono o cuando afloran irregularidades manifiestas de su gestión que la prensa descubre y divulga, provocando cierto impacto social y ciudadano.
La vieja táctica de matar al mensajero, al menos dialécticamente, a diferencia de cómo actuaba en la época de Franco el ministerio del Interior, ha sido su único argumento contra el escándalo de las anomalías reveladas en más de la mitad de las contrataciones de trabajadores para la primera fase de las obras del Espai Barça, que primero fueron reveladas en un informe periodístico de investigación por El Periódico, y, posteriormente, tras una inspección practicada por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, denunciadas en forma de requerimientos y la amenaza de sanciones a las empresas pilladas en falso si no eran subsanadas inmediatamente. La inspección laboral, en definitiva, ha confirmado el abuso laboral sistemático sobre una mayoría de obreros de clase muy baja, migrantes la mayoría, a los que se pagaba por debajo del convenio y además se les exigía realizar horarios impropios, también por encima de la ley y sin retribución extra.
La situación, verdaderamente detestable e impropia para una entidad como el Barça, que presume de valores y de liderar la defensa de los derechos más elementales como el respeto y la igualdad, ha ensuciado la imagen del Barça y ha confirmado las sospechas previas de abuso laboral por parte de Limak, que ya fueron empleadas y denunciadas anteriormente en las grandes construcciones realizadas en su país, Turquía. En un primer momento, la directiva de Laporta pretendió quitarse de encima cualquier responsabilidad con una actitud despótica e insensible.
El paso de los días y la confirmación de esta trama laboral, que al ser puesta al descubierto encarecerá los costes y retrasará los plazos previstos de obra, ha irritado a Laporta hasta unos límites muy por encima de lo habitual. Hace pocos días, cuando le preguntaron por ese episodio, reaccionó con una agresividad exagerada, empezando por calificar de «incidencias» las irregularidades, resumidas, según su criterio, en «la suplantación de un trabajador paquistaní y un trabajador que vivía en Manresa y que dormía en los alrededores del estadio». «Son dos casos irrelevantes si se comparan con la magnitud de la obra y ya están corregidos. Es esperpéntico e inverosímil. Si miras el titular (de El Periódico), totalmente sensacionalista, y después el contenido de la noticia… El Barça está cumpliendo con la normativa», añadió.
Luego explotó y vomitó toda la bilis acumulada por esta situación: «Creo -dijo en referencia a El Periódico– que tienen un apriorismo ideológico que viene de la cúpula. Hacen portadas que han hecho de no querer que las cosas no prosperen en este proyecto que es de club, de ciudad y de país. Han estado en contra desde el principio. El tema no va de periodismo deportivo, me estoy refiriendo a que viene de una cúpula por el tema político. Están extendiendo el terror sobre este proyecto, que es el más importante desde el punto de vista institucional de la historia del club», ha agregado, acusando al periódico de actuar con «manía persecutoria contra el Espai Barça». Finalmente, acusó al medio de haber contratado a periodistas especializados en este tipo de investigaciones del diario El Mundo con la maligna intención de hallar perversamente indicios contra la imagen del club.
El Periódico le respondió con la irrebatible prueba de los hechos bajo un titular inequívoco y contundente: ‘Las tres mentiras de Joan Laporta sobre El Periódico en la entrevista a RAC1′. Una, sobre el calificativo de incidencias concretadas por Laporta en solo dos trabajadores. «En realidad, Inspección de Trabajo de la Generalitat ha hallado irregularidades o fraudes en una veintena de las casi 45 empresas subcontratadas que hasta ahora operaban en la construcción del nuevo estadio del Barça. En concreto, estas firmas subcontratadas por Limak que han sido denunciadas no pagan lo que corresponde a sus trabajadores y tampoco a la Seguridad Social», dijo su réplica. La segunda, en reacción a su afirmación sobre una portada, aseguró el presidente, informando que 750.000 trabajadores mueren cada año en condiciones laborales como las del Camp Nou. No existe, realmente, como atestiguó el medio, esa portada en la hemeroteca. Y, por último, en relación con la participación de periodistas mercenarios como los descritos por Laporta: «Ningún experiodista de El Mundo está firmando las informaciones relativas a las irregularidades del Espai Barça, sino que son Gabriel Ubieto y Elisenda Colell, que no han trabajado nunca en la cabecera del diario de Madrid aludido».
Con esa timidez y predisposición al silencio del gremio periodístico catalán, especialmente el dedicado al seguimiento de la información sobre el Barça, las muestras de rechazo a estas acusaciones que sí pueden sostener un apriorismo crítico por parte de Laporta fueron inexistentes. Lo siguiente fue un vacío insolidario y de vergüenza corporativa que intentó llenar el Consejo de la Información de Cataluña (CIC), un órgano de algún modo viene a definir la voluntad del Colegio de Periodistas de Cataluña (CPC) con la misión de velar por el cumplimiento del Código Deontológico profesional de Cataluña. El CIC emitió una nota mostrando «su preocupación» por esas declaraciones y descalificaciones sobre el trabajo de los periodistas que, en concreto, han llevado el peso de la investigación. Considera «una acusación grave» la que se vertió sobre ellos y el medio de actuar con «apriorismos ideológicos» y nada éticos, sin aportar pruebas. Un blablablá sin ninguna consecuencia o efectos prácticos, ni siquiera en términos de difusión o de debate en los propios medios, que hubieran amplificado ese escrito tan pusilánime que acaba con el ofrecimiento por parte del CIC para «estudiar y resolver cualquier conflicto de esa naturaleza».
Desde luego, Laporta lo tenía muy fácil para acabar con esa presunta campaña de un medio contra el desarrollo del Espai Barça y, consecuentemente, frenar esa perversa e infernal intención de destrozar y torpedear el proyecto patrimonial y arquitectónico que ha de cambiar la historia del club. Le habría bastado con presentar las querellas correspondientes por calumnias, injurias y mala praxis profesional. Si no lo ha hecho, conociendo la compulsión de Laporta por los pleitos y el gatillo fácil de su departamento jurídico cuando se trata de apuntar y de disparar a los enemigos, cabe suponer que no es por falta de ganas, sino porque no hay base para alguna para demostrar la falsedad de las informaciones que apuntan a ese abuso laboral generalizado de Limak con el plácet y tolerancia de la directiva de Laporta.
