La Audiencia de Barcelona ha confirmado este jueves la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona de enviar a juicio a 46 agentes de la Policía Nacional por las cargas en diferentes escuelas de la ciudad de Barcelona durante el 1 de octubre de 2017.
Esta decisión se alinea con el criterio del magistrado instructor, que consideró que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral en este caso.
En la resolución, según difunde la ACN, el tribunal descarta investigar a más agentes, como planteaban los recursos de apelación de las acusaciones, pero también archivar la causa contra alguno de ellos, como querían las defensas de los policías, con el apoyo general del ministerio fiscal.
El auto, que archiva la causa para 21 agentes, establece que «la calificación jurídica indiciaria que otorga el auto a los hechos descritos va más allá de simples delitos de lesiones y apunta claramente a que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público», añade la misma información.
La Audiencia también ha confirmado que se aparte a la Generalitat como acusación popular, ya que considera que no existe ninguna norma con rango de ley que le habilite para hacerlo en delitos como los que se investigan. El Sindicato Profesional de Policía fue también apartado como acusación particular.
