El modelo económico que garantiza la prosperidad de Cataluña es absolutamente dependiente de poder disponer de agua en abundancia: turismo en el litoral (18 millones de visitantes el año pasado), ganadería intensiva en el interior (8 millones de cerdos en granjas), regadíos a Poniente y gran industria en la conurbación de Barcelona. Sin agua, nada de esto no funciona ni puede subsistir: Cataluña está en peligro.
En este largo episodio de sequía que sufrimos, que ya dura 40 meses, las cuencas internas (principalmente, Ter y Llobregat) han quedado exhaustas, y la única solución a corto plazo que se divisa es el transporte de agua en barcos desde la planta desalinizadora de Sagunto hasta el puerto de Barcelona. Patético y vergonzoso.
La Generalitat ha fallado estrepitosamente y hay que pedir responsabilidades. De entrada, con el cese del director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, que ha demostrado una grave incapacidad y frivolidad para afrontar esta gravísima crisis hídrica, esperando hasta el último momento que la lluvia –que no ha llegado– solucionaría la catástrofe que, desgraciadamente, nos toca vivir.
El presidente Pere Aragonès tampoco está a la altura de sus responsabilidades. La cuenca del Ebro atesora importantes reservas y aquí está el agua que necesitan los 6 millones de ciudadanos y las empresas que dependen del sistema Ter-Llobregat para poder abastecerse, en espera que se emprenda la imprescindible ampliación de la planta desalinizadora de Blanes y la construcción de la de Cubelles.
Pero esto requiere que el presidente Aragonés se trague su orgullo y hable de tú a tú con el presidente del Aragón, Jorge Azcón, para que levante su veto al trasvase entre la cuenca del Ebro y el sistema Ter-Llobregat. Además, ERC es frontalmente contraria a esta interconexión, a pesar de que la actual concesión del minitrasvase del Ebro, del Delta a Tarragona, tiene caudales sobrantes que permitirían hacerla, dejando muy claro que es una solución puntual y reversible.
En nuestros bosques, los árboles se mueren de sed. Los agricultores de secano ya pueden dar por perdida la cosecha de este año. Afrontamos un desastre de proporciones colosales, derivado del cambio climático, que amenaza nuestra tierra, nuestra economía y nuestras vidas. Necesitamos un liderazgo político potente para salir del callejón sin salida y, desgraciadamente, un Gobierno que solo tiene el apoyo de 33 de los 135 diputados del Parlamento de Cataluña no resulta solvente en estos momentos críticos.
En esta tesitura tan adversa no vale la política del avestruz. Este invierno ha nevado muy poco y las reservas que hay en el Pirineo son muy escasas para garantizar los caudales que se necesitan para pasar la primavera y el verano, tanto en las zonas de regadío, como en las instalaciones agropecuarias, en las industrias, en las localidades turísticas y para el consumo de boca de los 8 millones de catalanes.
Esperar que llueva no es la solución. Tampoco fiarlo todo a las nuevas desalinizadoras de Blanes y de Cubelles que, si todo va bien, no entrarán en servicio hasta dentro de cuatro o cinco años. El “puente marítimo” Sagunto-Barcelona es un parche carísimo y la capital de Cataluña no puede depender del transporte diario de barcos para poder abrir los grifos. Es un disparate ecológico y económico que roza el absurdo.
Cinco medidas urgentes e inaplazables: la interconexión del Ebro con el sistema Ter-Llobregat, para aprovechar los excedentes de la concesión vigente; la reparación de la red de tuberías de muchos pueblos y ciudades, por donde se escapan cada día miles de litros de agua; la recuperación y potabilización de las aguas freáticas, desgraciadamente contaminadas por el exceso de nitratos en gran parte del territorio de Cataluña; la suspensión de grandes proyectos, como la fábrica de Lotte Energy Materials, de Mont-roig del Camp, o el Hard Rock, en Vila-seca, que demandan mucha agua; y la prohibición de utilizar los embalses para la producción de energía eléctrica, si no están dotados de un sistema de aprovechamiento reversible.
No puede ser que la Generalitat, a través del incapaz director de la ACA, traslade la responsabilidad para hacer frente a la sequía a los ayuntamientos y a los consumidores, amenazándolos con la imposición de multas. Dejando a banda filias y fobias partidistas, hay que movilizar a las mentes más inteligentes y preparadas del país para encontrar las medidas que requiere esta situación de emergencia y dotarlas de autoridad para implementarlas.
Quien no lo quiera ver, se equivoca. Cataluña está en “estado de guerra” por la falta de agua. Hay que repensar nuestro modelo económico, sí, pero de entrada hay que salvar el que tenemos si, además de sed, no queremos pasar también hambre.
Puesto que el Gobierno de Pere Aragonès se muestra dubitativo y desorientado, producto de su debilidad parlamentaria, es hora que “alguien” dé el paso y coja el toro por los cuernos. Los 6 millones de habitantes y las empresas que dependen del sistema Ter-Llobregat para funcionar no pueden estar sometidos a restricciones ni depender de los barcos que lleguen de la planta desalinizadora de Sagunto.
Hay soluciones para superar esta crisis, pero hay que tener las ideas claras, capacidad de convicción y coraje para llevarlas a la práctica. Para los catalanes, que presumimos de ser tan sabiondos, es insólito que sea la ministra Teresa Ribera quien, desde Madrid, nos tenga que sacar las castañas del fuego.
