La justicia marea la perdiz con sus decisiones contradictorias

Manuel García-Castellón ratifica su acusación de terrorismo contra la cúpula de Tsunami y el juicio de la operación Judas se aplaza

L’amnistia dels independentistes encausats és la prioritat absoluta i per això ERC i JxCat van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez

El independentismo vive días agitados por los vaivenes de la política y de la justicia. Las giros en el campo político, las amenazas, las presiones y los posicionamientos de cara a la galería por parte del PSOE y de los partidos independentistas tienen solo un motivo: blindar la amnistía. Ante esto, JxCat, a pesar de lo que digan en público sus dirigentes, está dispuesto a ceder en lo que haga falta. “Si no lo hacemos, habrá repetición de elecciones. Y si se repiten, es posible que el PP gobierne y entonces se aleje todavía más la posibilidad de llegar a una amnistía”, razona un dirigente de Junts. Desde esta perspectiva, se entienden las sorprendentes concesiones de los siete diputados de Junts en votaciones clave para Pedro Sánchez. Y lo mismo hay que decir de los sorprendentes cambios de postura y de opinión de los diputados independentistas en los temas que van negociando con el PSOE. El independentismo necesita la amnistía para presentar una victoria ante sus militantes, porque estos no pierdan la esperanza y para movilizar de nuevo la calle.

Un alto dirigente de JxCat apunta que existe un doble lenguaje: uno para contentar la militancia y otro para negociar con el PSOE. O, lo que es el mismo, uno para sacar pecho ante el electorado y otro para llegar a acuerdos en los despachos. La pega, añade este dirigente, “es que a veces se ha tensado demasiado la cuerda, como en el caso de la inmigración. En este terreno se presentaron unos éxitos que ni habían sido pactados ni podrán serlo, porque el control de la inmigración corresponde a los Estados y a la Unión Europea, nunca a una autonomía o a un Estado federado de un país miembro”.

La fuente consultada asegura que Junts lanzó las campanas al vuelo con antelación para quedar bien ante su militancia. Además, había otro objetivo estratégico: debilitar y poner nerviosa a ERC. En realidad, los republicanos son los que tienen la Administración autonómica en sus manos y los que se podrían beneficiar, pero Junts se apropió de la negociación de una “herramienta de Estado” para su propio lucimiento. Al final, se vio que todo era una comedia para disimular que no habían conseguido mover el PSOE de sus posturas iniciales.

Pero, paralelamente, el independentismo recibe también caricias y batacazos en la justicia. Las dos principales causas vivas contra el independentismo acaban de vivir en carne propia los mismos vaivenes que la política: mientras el juez que investiga el Tsunami Democràtic mantiene las imputaciones a la docena de imputados, al frente de los cuales está Carles Puigdemont y Marta Rovira, el juicio contra los miembros del pelotón de los Comités de Defensa de la República (CDR) que fueron detenidos el septiembre del 2019 acusados de intentar formar un grupo terrorista han visto como su juicio, previsto en principio para el mes de abril, se aplaza. Esto conviene a las defensas, puesto que, de hecho, habían intentado retrasar en la medida que fuera posible el juicio para dar tiempo a aprobar la ley de amnistía, puesto que los pactos entre PSOE y Junts prevén que los casos de terrorismo que no tengan una sentencia firme se puedan acoger a la ley. Por lo tanto, cualquier retraso en la sentencia es bienvenido en las filas del independentismo. Paradójicamente, los dos sumarios han sido instruidos por el mismo juez: Manuel García-Castellón.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tendrá la posibilidad de leer el expediente que tiene sobre él el CNI, puesto que el Gobierno español desclasificará los documentos solicitados por el juez instructor de Barcelona que admitió a trámite la querella de Aragonès contra el CNI. En resumen, una de cal y otra de arena: la justicia vive la misma disparidad que la política.

Esta esquizofrenia consigue cotas más altas en los dos principales procesos que afectan activistas soberanistas: el de Tsunami Democràtic y el de la operación Judas, también conocida como 23-S. En este último caso, los 12 imputados por terrorismo están acusados de querer formar un grupo terrorista para llevar a cabo acciones de sabotaje contra instalaciones, aunque también habían empezado a recopilar información sobre políticos contrarios a la independencia. La intención de las defensas era retrasar en la medida de lo posible el juicio, en el cual la Fiscalía pedirá penas que van de los 8 a los 27 años de prisión.

Alerta Solidaria

Esta semana pasada, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional dio la razón a las defensas de los acusados para ampliar el plazo con el fin de que todas las partes presenten sus escritos. Un escrito de 115 folios de los letrados de Alerta Solidaria cuestionaba la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos, y además pedía la anulación del proceso a causa de “la inminente aprobación de la ley de amnistía y las numerosas vulneraciones de derechos fundamentales sufridas por los encausados a lo largo de todo el procedimiento”. Si en un futuro próximo sus consideraciones son aceptadas, el caso podría ser trasladado a un juzgado ordinario o, directamente, archivado. De momento, los defensores aseguran que “con la entrada del nuevo escrito de alegaciones, se impone una nueva pausa. Habrá que ver si la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional accede a celebrar la vista previa o si, directamente, rechaza de tener que escuchar presencialmente los letrados de Alerta Solidaria y desestima todas sus alegaciones”. Después de estudiar las peticiones de los defensores de Alerta, se tienen que manifestar las otras partes personadas en el sumario (incluidas las defensas de cuatro acusados, la acusación particular y la Fiscalía) y, después de estos trámites, tomar una decisión de convocar el juicio, modificar el procedimiento o archivar.

En esta causa, como en la de Tsunami, los abogados defensores arremeten contra el juez Manuel García-Castellón, a quien acusan de tener “una obsesión con el terrorismo inexistente de los casos Tsunami Democràtic y 23-S, y por su ceguera en relación con las imputaciones del PP”, en referencia a casos que salpican dirigentes populares, sin que haya pedido explicaciones a los políticos del partido de la derecha española.

En el caso de Tsunami, las novedades son a la inversa: el juez Manuel García-Castellón ve reforzadas sus tesis y continúa acusando de terrorismo la cúpula de la plataforma soberanista. Entre los acusados, hay Carles Puigdemont, Marta Rovira, Josep Lluís Alay, Xavier Vendrell, Ruben Wagensberg, Oriol Soler, Oleguer Serra o Jaume Cabaní. En un acto del 18 de enero del 2024, el magistrado recuerda al fiscal que no comparte la acusación de falta de cimiento en la exposición de motivos, y le dice que una prueba de esto es el documento de más de 100 folios dirigidos al Tribunal Supremo, que pide el procesamiento de todos ellos.

Hay un argumento que da más cuerpo a la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional: el hecho que dos policías heridos de gravedad en los disturbios del otoño del 2019 se personaran en la causa. Esto, añadido a los atestados de los Mossos d’Esquadra sobre los graves incidentes, dice el juez, “permitió consolidar la hipótesis de calificación inicial, apreciando la existencia de hechos delictivos que, desde la calificación inicial, revisten carácter de delito de terrorismo”.

Recuerda también que las diferentes actuaciones y las informaciones que han ido llegando desde el primer acto del 6 de noviembre –en el cual se apreciaba el delito de terrorismo– “han permitido consolidar, y se ha podido comprobar con más claridad que el 6 de noviembre, que la tesis de calificación inicial se divisa, en este momento inicial como plausible”. Esto quiere decir que se consolidan los indicios de actas terroristas de la cúpula de Tsunami Democràtic.

La vigilia de las elecciones

Los hechos investigados no solo fueron los del asalto al aeropuerto del Prat para bloquear esta importante infraestructura. El juez resalta las acciones desplegadas el 9 de noviembre del 2019, vigilia de elecciones generales. La Guardia Urbana de Barcelona envió el miércoles 17 de enero un informe sobre esta jornada que da más munición al juez: aquel día, Tsunami Democràtic convocó una concentración no comunicada en Gran Vía número 585, “a la cual asistieron 7.000 personas”. Además, hubo una “acampada no comunicada en la plaza Universidad”.

En un acto anterior, Manuel García-Castellón ya apuntaba al hecho que la convocatoria en la jornada de reflexión tenía como objetivo “desobedecer la Junta Electoral Central”. En esta acción se utilizó, por primera vez, la app de Tsunami con el objetivo de ensayarla técnicamente. “La acción, efectivamente, se materializó; resulta notorio, puesto que es un hecho que se produjo a la vista de todos los que lo presenciaron, que Tsunami Democràtic boicoteó la jornada de reflexión previa a la votación electoral. […] Los hechos se desarrollaron principalmente en la ciudad de Barcelona, donde, entre otras cosas, se instaló un escenario en la plaza Universidad, ante la sede de la UB”. Los actos de boicot, sin embargo, se extendieron hasta 300 municipios, según compilación del acta judicial.

Con estas premisas, el juez considera que la intención de Tsunami era “subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, económicas o sociales del Estado” y “alterar gravemente la paz pública”, acciones que entran dentro de la calificación de delitos de terrorismo.

El juez es contundente en sus argumentos ante la Fiscalía: “La gravedad de los delitos que en este momento se entrevén, la clara afectación que estos tuvieron a los intereses generales y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito no solo exigen su aclaración promoviendo la acción de la justicia, sino que además exigen, en defensa de la legalidad, que la instrucción y el enjuiciamiento se efectúe por parte del órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para lo cual, que en este caso sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. Esta atribución del enjuiciamiento al Supremo se debe al aforo de dos de los principales encausados: Carles Puigdemont, por ser eurodiputado, y Ruben Wagensberg, por ser diputado en Cataluña.

En los disturbios del centro de Barcelona, donde hubo heridos y cargas policiales durante días, Tsunami utilizó pelotones de la ultraderecha xenófoba como tropa de choque. El 18 de octubre pasado, el grupo ultra Movimiento Identitario Catalán (MIC) publicaba algunas fotos de sus pelotones en acción a través de la red X, junto a un mensaje aclaratorio: “Recordamos la Batalla de Urquinaona del 18 de octubre de 2019, donde los Patriotas (sic) del MIC estuvimos en primera línea combatiente las fuerzas extranjeras, gran día donde demostramos que si estamos unidos la victoria de la libertad es posible”. Bajo la capa democrática de Tsunami hay un submundo muy turbio.

Puedes leer el artículo entero en el número 1561 de la edición en papel de EL TRIANGLE.

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