La ley de amnistía se debatirá y votará en el pleno del Congreso de los Diputados el próximo 30 de enero, según fuentes parlamentarias. La norma ha superado este jueves el trámite de ponencia, que ha incorporado al texto las ocho enmiendas pactadas entre el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG. Han votado a favor todos estos grupos y también Junts, que se había descolgado el pasado martes.
Los socialistas, sin embargo, han cerrado la puerta al resto de enmiendas propuestas por los grupos, entre las cuales hay las que presentaron ERC y Junts por separado para blindar la amnistía para los investigados del Tsunami Democràtic y los CDR. Sin embargo, los cambios que proponen los independentistas se debatirán en la comisión de martes de la semana que viene. Si tampoco hay acuerdo, se volverán a tratar en el debate del pleno.
Durante la reunión de la ponencia de este jueves, Junts y ERC han mostrado cierta sintonía votando a favor de la mayoría de las modificaciones que habían presentado unos y otros en solitario y por separado. Las dos formaciones defenderán ahora sus propuestas de modificación durante el trámite en comisión, donde se pueden introducir transaccionales.
Una vez elaborado el informe de la ponencia, la amnistía sigue tramitándose por la vía de urgencia en el Congreso, y llegará a la comisión de Justicia el próximo 23 de enero. Los grupos tendrán que debatir y votar las enmiendas que no han quedado incorporadas hasta ahora en el texto, y dejarán el dictamen de la comisión listo para el pleno de la cámara baja, que debatirá y aprobará definitivamente la ley el 30 de enero. Si no hay ningún giro de guion fruto de los desacuerdos que mantienen los grupos que impulsan la norma, la amnistía quedará aprobada con 178 votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG. El no cuenta ahora con 172 votos del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria (CC).
Una vez superada la tramitación en el Congreso, la ley pasará al Senado, donde el PP, que tiene mayoría absoluta, busca fórmulas para atrasar la aprobación. En cualquier caso la cámara alta tiene dos meses como máximo para resolver la norma. Una vez la rechace, la ley volverá al Congreso donde quedará definitivamente aprobada, previsiblemente en el mes de abril o mayo.
